El representante de Fiscalía en el juicio por el accidente del tren Alvia, Mario Piñeiro, ha aludido al «galimatías jurídico» existente en materia de seguridad ferroviaria para justificar que Adif, el administrador de la infraestructura, y en concreto su ex director de seguridad en la circulación, Andrés Cortabitarte, desde su punto de vista «no defraudó la norma» en este ámbito.
En su exposición del informe con el que explica sus conclusiones definitivas, en las que retira la acusación contra el ex alto cargo de Adif, el fiscal ha razonado de esta manera en relación con el reglamento europeo 352 de 2009 relativo a la adopción de un método común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo, que el administrador de la infraestructura admite que no aplicó en la línea entre Ourense y Santiago, donde se produjo el siniestro ferroviario más grave de la democracia española.
Hasta este momento, Piñeiro pedía cuatro años de cárcel tanto para Cortabitarte -por no haber evaluado y gestionado los riesgos- como para el maquinista Francisco Garzón -por su conducción-. A ambos les achacaba así una imprudencia profesional grave, causante de 80 homicidios y 145 delitos de lesiones, que fue el resultado del descarrilamiento del Alvia en la curva de A Grandeira, junto al barrio compostelano de Angrois.
Ahora, a punto de cumplirse 10 años de la tragedia, excusa al ex director de seguridad de Adif -que ha vuelto a estar presente este miércoles en la sala de vistas, pese a no estar obligado- por el «galimatías jurídico» y por la percepción de que hay un «conflicto» sobre la aplicación de la mencionada norma de 2009, debido al periodo transitorio para su entrada en vigor hasta 2012 y por el grado de aplicación en los diferentes estados comunitarios.
En una intervención de dos horas durante las que no ha leído, ha destacado que entiende que una de las preguntas clave es si Adif defraudó la normativa aplicable con los criterios que aplicó para evaluar riesgos, y se ha respondido a sí mismo que entiende que «no la defrauda», por lo que considera que no hay «responsabilidad penal» en Cortabitarte.
Después de las numerosas muestras de sorpresa expresadas por las partes este martes, el fiscal ha aprovechado el inicio de su discurso para, en unas consideraciones previas, confesar que decidió retirar la acusación contra el ex director de seguridad de Adif «fruto de la meditación» y «el esfuerzo». Al respecto, ha aludido a una serie de «opiniones generalizadas» que cree que llevan a «errores de planteamiento», como que el maquinista es «una víctima más» y que la línea carecía de medidas de seguridad.
Con ello ha tratado de explicar por qué en su escrito provisional sí acusaba a Andrés Cortabitarte, si bien ha admitido que «probablemente» no ha «conseguido» trasladar por qué «antes decía una cosa y ahora otra». No le ha resultado «sencillo» y «la responsabilidad por las víctimas del accidente pesa», según ha confesado. En cualquier caso, ha subrayado que debe ceñirse a criterios del derecho penal: «Si tengo dudas no puedo decir que este señor (por Cortabitarte) ha causado un delito», ha apostillado.
En esta línea, ha advertido de que con esta tragedia «se confunden las causas con las consecuencias», al reflexionar sobre «cómo se podía evitar el accidente». Por su parte, ha concluido que hay que situarse en el momento «anterior» al descarrilamiento, en un tramo sin 'ERTMS' por un cambio de proyecto en el que el maquinista, que atendió una llamada del interventor a su móvil corporativo, tenía que pasar de 200 a 80 kilómetros por hora.
La decisión de Cortabitarte de autorizar la desconexión del sistema 'ERTMS' en su modalidad embarcada, «un hecho que se le puede imputar sin ninguna duda», la ha despachado asegurado que «no tiene relevancia penal» y que «estaba justificada, independientemente de que se pueda discutir si era lo mejor, porque el sistema daba fallos de fiabilidad». «No necesitamos entrar en esta cuestión», ha resuelto, al verla «lícita».
Por su parte, el certificado de seguridad, que firmó el ex alto cargo de Adif al que ahora atribuyen responsabilidades penales las dos acusaciones populares y las acusaciones particulares, «no tiene repercusión alguna» para Piñeiro, que considera esa rúbrica «coherente con todo lo demás», en alusión al dossier de seguridad y el informe de un evaluador independiente.
«Este señor, en ese momento no podía prever en absoluto que en ese punto había un problema de riesgo en la línea», ha aseverado el fiscal. «En la práctica ferroviaria no se había detectado de ninguna manera», ha añadido. En este punto, ha aludido al cambio significativo de velocidad que había en ese punto de la línea y ha recordado que el ex director de seguridad de Renfe había propuesto para ellos, después de un accidente en Medina del Campo, «la baliza que se echa en falta en este accidente», pero que la comisión de investigación dependiente del por entonces denominado Ministerio de Fomento las descartó. En su interpretación, eso responde a que en el «mundo ferroviario» estaba «asentado que no se balizaban» las limitaciones permanentes de velocidad.
En lo relativo al maquinista, ha explicado que mantiene la acusación ya que «ese día hizo un uso más que descuidado del teléfono», y se ha reservado críticas para sus compañeros que en el juicio declararon que habían avisado del peligro en Angrois. «O no había esa percepción o desde luego no tiene perdón que esto no se haya comunicado, porque se hubiese evitado el accidente sin ninguna duda», ha dicho, tras mencionar con todo que un jefe de maquinistas sí informó y pidió medidas. El fiscal considera que Francisco Garzón cometió «una imprudencia grave, sin la menor duda».
«Este accidente se explica causalmente, a mi modo de ver, por el comportamiento del maquinista. Sin el comportamiento del maquinista no se explica. Sin esta llamada y sin estas circunstancias de la llamada no se explica», ha expuesto, ante la sala de vistas, que encara la recta final del proceso. Para él, «una cosa es prever los fallos y otra cosa es prever un fallo que se ha valorado de imprudencia grave». «Consideramos sin la menor duda que es delictivo», ha afirmado. El maquinista y el interventor, según su relato, «se pusieron a hablar sin más (...) sin sentido», en una comunicación que ha rechazado que fuera «de servicio» en la que se interesaban por la llegada a la estación de Pontedeume para facilitar la bajada de viajeros.
Al respecto, ha destacado que existía una ficha con la que se instruía a los maquinistas sobre los peligros de utilizar el teléfono en cabina, documento que «describe lo que pasó exactamente» en Angrois, por el «olvido» de la conducción y que esta «se relegó a los sistemas automáticos». En este extremo, ha hecho referencia al mecanismo del 'hombre muerto' para indicar que coincide con un perito de parte de Abogacía del Estado (que representa a Adif y no a Renfe) en que «también está para saber que el maquinista está atento a la conducción».
Igualmente ha apuntado a la curva, de la que «no hay duda de que está perfectamente diseñada» ya que «tiene un margen de seguridad del 100 %». Este fue uno de los argumentos utilizados por la Abogacía del Estado: la holgura que permitía tomarla a 160 kilómetros por hora, aunque estaba limitada a 80. Frente a esto, varios peritos avisaron de la inexistencia de una segunda barrera de seguridad. Al comienzo de su exposición, el fiscal ha indicado que su giro «igual» no beneficia al ex alto cargo de Adif ya que «hay una reacción contraria». «Da pie para rebatirlo y que del contraste de criterios la jueza pueda decidir», ha remarcado.