La Audiencia Nacional ha impuesto 30 años de cárcel al exjefe de ETA Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, Ata, por el asesinato terrorista del presidente del PP de Aragón Manuel Giménez Abad el 6 de mayo de 2001, un crimen del que finalmente ha resultado absuelta Miren Itxaso Zaldúa, Sahatsa. La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, considera a Carrera Sarobe responsable de un delito de asesinato terrorista, y cuenta con el voto particular del magistrado José Ricardo de Prada, que sostiene que el exjefe de ETA también debería haber sido absuelto ante la falta de «consistencia» de los indicios y pruebas recabados contra él.
Además de la pena de prisión, la misma que solicitaba la Fiscalía y la acusación particular, el tribunal prohíbe a quien fuese máximo dirigente del aparato militar de ETA acercarse durante cinco años a menos de 500 metros a la ciudad de Zaragoza, donde se perpetró el crimen, y le obliga a indemnizar a los familiares de Giménez Abad con 250.000 euros a cada uno.
El atentado ocurrió la tarde del 6 de mayo de 2001, cuando el entonces presidente del PP de Aragón, de 53 años, se dirigía junto a su hijo al estadio de La Romareda para ver un partido. Cuando caminaban por la calle Princesa, «Carrera Sarobe se acercó a ellos por la espalda y disparó» a Manuel Giménez Abad «dos tiros a bocajarro» y, tras caer la víctima al suelo, «realizó un tercer disparo» a la cabeza, todo ello en presencia de su hijo.
Según declara probado la resolución, el exjefe de ETA, que actualmente cumple cadena perpetua en Francia, huyó del lugar y se acercó a una mujer, «cuya identidad no ha quedado demostrada», le entregó un objeto y salieron de allí. La sentencia, que puede ser recurrida, supone la respuesta judicial a un atentado que durante un tiempo formó parte de los crímenes sin resolver de ETA, hasta que, fruto del esfuerzo de las Fuerzas de Seguridad, la causa se reabrió y en 2014 el hijo del también senador reconoció en una foto a Ata como el hombre que disparó a su padre.
«Nos vimos perfectamente las caras», dijo el hijo de Giménez Abad en el juicio. Su versión, ratificada en diversas ocasiones, forma parte de la prueba «absolutamente convincente» que ha llevado a condenar a Ata, entre la que el tribunal también destaca el informe de autopsia, las periciales de balística, la reivindicación del atentado por de ETA y las declaraciones de testigos protegidas.
Carrera Sarobe negó haber participado en el atentado y justificó que aquel día estuvo en la fiesta de Herri Urrats, organizada por las ikastolas vascas de «Iparralde», en Senpere (Francia), una versión que apoyó con varios testigos. Pero sus testimonios «no convencen al tribunal», sorprendido de que esos testigos hayan estado «ausentes» durante toda la instrucción, y destaca su «vinculación con el acusado, son amigos o familiares» y pertenecen a su «mismo entorno radical», además de que incurrieron en «contradicciones».
Junto a Carrera Sarobe se sentó en el banquillo Miren Itxaso Zaldúa, quien también negó los hechos, y fue puesta en libertad al acabar el juicio, lo que invitaba a pensar que sería absuelta. El tribunal confirma que la prueba de cargo contra ella «no es suficiente»: la «fiabilidad» de la identificación fotográfica que hizo de ella una testigo genera «muy serias dudas», ningún documento sirve para situarla en el comando Basajaun, ni se puede «afirmar» que el atentado fuese perpetrado por miembros de ese comando, «aunque el tribunal sí tiene la convicción de que fue cometido por Mikel Carrera Sarobe».
Una convicción que, sin embargo, no comparte el magistrado De Prada, quien en un voto particular afirma que los informes policiales que apuntan a la culpabilidad de Carrera Sarobe deben tenerse en cuenta como «conclusiones policiales que pueden servir de orientación para la opinión judicial, pero nunca puede sustituirla».
Para De Prada, la identificación del acusado realizada por los testigos no es definitiva desde el punto de vista probatorio, y, en el caso del reconocimiento fotográfico efectuado por el hijo de Giménez Abad, dice que sucedió «más de trece años después de los hechos» y varios años después de que en los medios se atribuyera a Ata el atentado; y afirma que fue «puramente policial, sin control judicial y sin presencia de la defensa del acusado».