El expresidente catalán y eurodiputado de JxCAT Carles Puigdemont y el también eurodiputado de la misma formación, Toni Comín, denunciaron la «parcialidad» y el «sesgo ideológico estructural» del Consejo General del Poder Judicial en una carta enviada a la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia, Vera Jourová.
Puigdemont y Comin aseguran en su misiva a Jourova - a la que tuvo acceso EFE y avanzó esta noche por Politico- que el CGPJ no es imparcial y se ha excedido en sus atribuciones legales de forma reiterada, al violar «normas básicas del Estado de derecho» .
Los dos dirigentes escriben a la vicepresidenta comunitaria para llamar su atención en especial sobre el comunicado emitido la semana pasada por el CGPJ en el que repudiaba el acuerdo entre PSOE y Junts, y lo consideraba un «atentado» a la separación de poderes, y expresaban su preocupación por la ley amnistía.
«La declaración (del CGPJ), adoptada por nueve votos a favor, cinco en contra y una abstención, plantea preocupaciones sobre varias violaciones de las normas básicas del Estado de derecho», según los dos nacionalistas catalanes.
A su juicio, con esa declaración «el CGPJ violó flagrantemente el artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial español, que impide a los jueces apoyar o rechazar públicamente actos de autoridades políticas, al emitir una valoración política sobre una propuesta de ley de amnistía que aún no había sido presentada al Parlamento español».
También consideran que el CCPJ se extralimitó en sus competencias al evaluar la compatibilidad de la amnistía con la Constitución española, un análisis reservado al Tribunal Constitucional, al emitir una opinión sobre un texto legislativo que se propone en el Parlamento por un grupo parlamentario, ya que el Gobierno no puede hacerlo al estar en funciones.
Señalan que, pese a que la propia Ley Orgánica del Poder Judicial establece que sólo podrán emitirse informes del CGPJ cuando los expedientes legislativos sean iniciados por el Gobierno, el órgano de los jueces emitió «una declaración política de todos modos».
En la carta, Puigdemont y Comín también interpretan que la declaración del órgano de gobierno de los jueces «cuestiona directamente la capacidad del Parlamento español para promulgar leyes cuando el CGPJ considera que dichas leyes violan la separación de poderes» y que al afirmar que no pueden aceptar la ley de amnistía, según los dos firmantes, se puede interpretar ese posicionamiento «como una justificación para dar nuevos pasos más allá del Estado de derecho».
La declaración, dicen, «muestra un claro sesgo contra los catalanes» porque habla del «presunto conflicto catalán» y se refiere a Junts per Catalunya como un partido «dirigido por un fugitivo», «lo que claramente no es una forma neutral de referirse a un partido político».
También muestran su preocupación porque algunas de las expresiones usadas por el CGPJ puedan leerse por algún sector como «un llamado a algún tipo de acción fuera de los límites habituales de la democracia».
En su carta a Jourová, Puigdemot y Comin recalcan que «los hechos ocurridos en Cataluña desde 2012 son de carácter político, y el uso del Código Penal para resolver un conflicto político fue una decisión imprudente».
Por contra, defienden que una amnistía es de «interés general para superar la situación actual y devolver a la política una cuestión política».
Puigdemont y Comín concluyen instando a Jourová a incluir la declaración del Consejo General en el Informe Anual de la Comisión sobre el Estado de Derecho.
«Como puede comprobar la Comisión, el sesgo ideológico del poder judicial español y su jerarquía, en lugar de cumplir con una lectura democrática del Estado de derecho, ha adoptado a lo largo de estos años una visión que subordina el respeto a los derechos fundamentales a su ideología nacionalista española», mantienen.
Y consideran, en este sentido, importante señalar que «en España, aproximadamente el 85% de los jueces pertenecen a asociaciones judiciales conservadoras, mientras que sólo el 15% pertenece a asociaciones progresistas».
«Dado que este sesgo político tiene graves consecuencias, creemos que tal hecho debería ser investigado en el próximo informe anual sobre el Estado de derecho y que la metodología debería actualizarse a este respecto», insisten.
Puigdemont y Comin recuerdan, por último, que la renovación de la jerarquía del poder judicial español lleva más de cinco años bloqueada, a pesar de las recomendaciones del Consejo de Europa.
En sus informes sobre el Estado de Derecho en España, la Comisión Europea ha expresado reiteradamente su preocupación por la no renovación del CGPJ, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018 y desde entonces funciona de forma interina.
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