La lucha contra la amnistía ha copado la agenda del PP desde el pasado mes de septiembre. Desde antes incluso de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, cuando la ley era solo un supuesto, hasta después de la reelección de Pedro Sánchez como presidente, gracias a los apoyos de los independentistas que exigían la amnistía, los populares han centrado su día a día, única y exclusivamente, a configurar su ofensiva contra el 'borrado' del procés. Con ello han hecho de la necesidad virtud, aprovechando la inactividad parlamentaria para consolidarse como la voz más crítica contra los pactos del PSOE. Así, Feijóo sigue exprimiendo esta vía a la espera de que el Gobierno se ponga en marcha. Claro que también promete mantener la amnistía en su agenda pese a todo.
"Vamos a dar la batalla contra la impunidad. Lo haremos en las instituciones, en los parlamentos, en los tribunales de justicia, en la Unión Europea y, sí, también en las calles. De forma pacífica, cívica y legítima". Estas fueron las palabras que leyeron 52 dirigentes populares en todas las capitales de provincia durante una de las concentraciones contra la amnistía. Desde entonces, el PP ya ha organizado tres movilizaciones, ha dado sus primeros golpes en el Congreso y en el Senado y ha forzado que Europa debata el estado de derecho en España.
La ofensiva institucional
Los populares van a tratar de entorpecer toda la vida parlamentaria de la ley. Desde el Congreso, por el momento, han empleado las únicas dos vías que han tenido ocasión. Por un lado, han pedido que se revoque el nombramiento del letrado mayor de la Cámara Baja, que es quien decide si el texto es constitucional. Cabe recordar que en la anterior legislatura los letrados -entonces con la socialista Maritxell Batet presidiendo la Cámara- no aceptaron un texto semejante al que ahora han presentado los socialistas con la presidenta Francina Armengol. Pero ahora ha cambiado el letrado mayor del Congreso y ha obtenido el puesto Fernando Galindo, un exalto cargo del Gobierno en la anterior legislatura, que esta semana dio el visto bueno a la proposición de ley de amnistía para dar comienzo la tramitación. Por ello, el PP ha exigido la recusación de este cargo de la Mesa por vulnerarse la "imparcialidad" y "objetividad". Por el momento, la presidenta Armengol ha rechazado la petición formal, pero los populares han vuelto a insistir y están a la espera de respuesta.
Mientras tanto, y en consecuencia, la Mesa de la Cámara ha dado el visto bueno a la ley de amnistía. Por lo que los populares han pedido que se revoque dicha decisión, ya que es paso previo para luego poder recurrir este trámite al Tribunal Constitucional, un órgano sobre el que, en todo caso, el PP siembra dudas de imparcialidad.
Por otro lado, los populares ya han comenzado a usar su mayoría absoluta en el Senado para entorpecer la ley de amnistía. Así, la semana pasada cambiaron el reglamento de la Cámara Alta para que sea esta la que decida si una proposición de ley que viene del Congreso se tramita o no por la vía de urgencia. De este modo, pueden dilatar la tramitación de la amnistía. Asimismo, el jueves pasado el Grupo Parlamentario Popular solicitó a la Mesa -presidida por el PP- que solicite informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal sobre la norma.
A todo ello se suman los debates políticos sobre la amnistía: en el Congreso han celebrado hasta cuatro jornadas parlamentaria frente a la amnistía con expertos y personalidades de la sociedad civil, mientras en el Senado convocaron un pleno extraordinario para que todos los presidentes debatieran una moción sobre "convivencia democrática dentro de la Constitución". Por otro lado, los trece barones territoriales del PP se han unido para exigir que el Gobierno convoque la Conferencia de Presidentes en la que explique cómo afecta sus pactos a las comunidades. Un órgano que si bien suele convocarse por iniciativa del jefe del Ejecutivo también puede darse en el caso de que lo pidan al menos diez presidentes territoriales.
Un largo camino hacia los tribunales
El fin último es el de recurrir la ley una vez que esté aprobada, pero para ello, los populares deben de seguir rigurosamente todos los pasos parlamentarios, como es el de revocar la decisión de la Mesa. Así, poco a poco irán reuniendo los argumentos con los que conformar su recurso ante los tribunales. Claro que por otro lado, el PP no se fía de la imparcialidad del Tribunal Constitucional, el órgano político encargado de dirimir el encaje de las leyes en la Carta Magna y cuyos miembros son nombrados a propuesta del Congreso y el Senado, del Gobierno de turno y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Por ello, también han iniciado una campaña de presión hacia los magistrados que la componen. "Tendrá que decidir si está en el lado de los constitucionalistas o en el de los enemigos de la Constitución". A raíz de ello, el magistrado del Tribunal Constitucional Juan Carlos Campo, de corriente progresista, ha pedido a los suyos abstenerse en un primer recurso llegado al TC contra la de la ley de amnistía.
A debate en Europa
Más allá de la batalla nacional, los populares ponen todas las esperanzas en Europa. En las últimas semanas han estado presionando para que el Parlamento de la UE debata sobre la constitucionalidad de la amnistía asunto, que como se han empleado en explicar en Estrasburgo, el Gobierno la va a aplicar a cambio de una investidura y poniendo en peligro la igualdad de todos los españoles y la separación de poderes. Tal ha sido la ofensiva, que el miércoles pasado se debatió en Estrasburgo la situación del Estado de Derecho en España. Ello sirvió para que la Comisión Europea se posicionara y prometiera estudiar "con detenimiento, de forma objetiva e independiente" si la ley de amnistía cumple con la legislación europea así como exigir a España "garantizar la independencia judicial".
A la espera de la decisión de la UE, el PP continuará alimentando sus argumentos. Así, el pasado viernes la portavoz del PP, Dolors Montserrat, denunció ante la UE la "persecución" del Gobierno al Poder Judicial tras la querella de Sumar al CGPJ y también la "desviación de poder" del fiscal general del Estado.
Mantener vivas las calles
"No nos van a callar, seguiremos en las calles", prometían a inicios de la semana pasada los populares. Pese a que la ley de amnistía ya sea una realidad, la dirección nacional planea continuar agitando las calles. Así, han convocado de nuevo a los españoles a manifestarse el próximo domingo 3 de diciembre en el Templo de Debod de Madrid, a cuatro días del aniversario de la Carta Magna. Esta protesta se suma a las que organizaron el 24 de septiembre en la plaza madrileña de Felipe II y las 52 protestas protestas que se dieron en todas las capitales de provincia el 12 de noviembre.