Cuando se cumple un mandato completo en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Gobierno y el PP han evidenciado que están lejos de un acuerdo, con Pedro Sánchez acusando a los populares de «lawfare» por politizar la justicia y estos exigiendo que acepte a reformar la ley judicial para sentarse a negociar.
Ello, mientras las dos asociaciones de jueces y fiscales progresistas han pedido la dimisión del presidente y de los vocales para facilitar su renovación, a quienes acusan de contribuir «al desprestigio de una institución» que «se encuentra en franca descomposición», si bien otra asociación judicial descarta esta vía porque no serviría para nada y apuesta por una solución política. El CGPJ cumplió ayer cinco años en funciones, es decir un mandato completo caducado e inmerso en una crisis institucional sin precedentes, sin que se contemple a corto y medio plazo una salida al bloqueo por la falta de acuerdo entre PSOE y PP para su renovación, más aun tras las manifestaciones realizadas este día por ambas formaciones.
En un día que el Gobierno ha calificado de «triste», el líder del Ejecutivo ha asegurado que «por supuesto» llamará al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para volverle a pedir que desbloquee la renovación del Consejo: «Yo voy a llamarle por supuesto». Para Sánchez, en España no hay un problema de división de poderes, sino que el problema es que el PP tiene secuestrado, de «rehén», al Poder Judicial y con unas consecuencias «terribles». Desde Bruselas, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha hecho un llamamiento al PP para renovar el órgano de Gobierno de los jueces «por el bien de España».
Endurecimiento
Pero el PP ha endurecido su posición respecto a la renovación del Consejo, al exigir a Sánchez que acepte reformar la ley judicial, y ofrezca garantías al respecto, para sentarse a negociar. «Si esto se acepta nosotros podemos hablar, en caso contrario no», ha dicho el portavoz del PP, Borja Sémper.
Así, el PP va un paso más allá pues en la anterior legislatura los populares sí se sentaron a negociar sin que hubiese una reforma ya pactada, y estuvieron a punto de cerrar un pacto, que se truncó por la supresión del delito de secesión y la reforma de la malversación. Ahora exigen que el PSOE acepte la reforma que el PP lleva en su programa electoral para que los jueces elijan directamente a la mayoría del órgano.
El PP adopta esta posición aún a riesgo de que la izquierda reforme la ley del Poder Judicial para rebajar la mayoría necesaria para elegir a sus componentes y esquivar así la necesidad de un pacto con los populares, una vía que el Ejecutivo descarta recuperar toda vez que levanta ampollas en Bruselas.
Para la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, es «muy grave» que el PP se rebele ante un mandato constitucional y «politice» el órgano de gobierno de los jueces. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha dicho que no le sorprendería que el PP acabe pactando con el PSOE la renovación, como hizo con el Constitucional o con las comisiones del Congreso, mientras que Podemos ha acusado al PSOE de ser «cómplice» del secuestro que el PP mantiene al CGPJ y por actuar en «connivencia» con los populares para no favorecer la renovación de este órgano,
Por su parte, la asociación judicial Juezas y Jueces para la Democracia y la asociación fiscal Unión Progresista de Fiscales, ante «las numerosas excusas que opone el PP para mantener su bloqueo durante años», han pedido la dimisión de los vocales, a quienes acusan de contribuir «al desprestigio de una institución» que «se encuentra en franca descomposición».
Mientras, la asociación judicial Francisco de Vitoria ha descartado esta vía ya que «nadie puede asegurar que eso provocaría la renovación del CGPJ» sino que más bien «lo que ocasionaría son aun más perjuicios» a los jueces, por lo que ha apostado por poner el foco en los presidentes del Congreso y del Senado, «únicos con legitimidad para iniciar el proceso de renovación del CGPJ».
El apunte
Bruselas sigue teniendo preguntas sobre la amnistía
El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, dijo que sigue teniendo «preguntas» sobre la ley de amnistía, tras la reunión que mantuvo la semana pasada con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. «Por supuesto que tenemos preguntas», dijo Reynders. El comisario desmintió así a Bolaños, quien aseguró que Bruselas tiene «cero preocupación» sobre la ley de amnistía, después de explicarle el proyecto de ley a Reynders y la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario para Valores y Transparencia, Verá Jourová . «Tuve una muy buena reunión para confirmar que organizaremos un diálogo muy bueno durante todo el proceso», dijo Reynders.