El jefe de la oficina del expresidente catalán Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ha acusado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de «trasformar la muerte fortuita» de un ciudadano francés durante las protestas convocadas por Tsunami Democràtic en el Aeropuerto de Barcelona El Prat en un «asesinato terrorista» para tratar de «criminalizar» a la plataforma independentista. En un escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción Número 6, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado Gonzalo Boye pide al magistrado que reconduzca la causa en la que investiga a Tsunami «a un cauce de legalidad que implica bien el sobreseimiento de las actuaciones o las correspondientes inhibiciones a favor de los órganos territorialmente competentes».
Este escrito llega después de que el instructor ofreciese personarse a la familia del turista francés que murió de un infarto en el marco de los disturbios que se desataron en otoño de 2019 tras la sentencia del 'procés'. El juez sostiene que esos incidentes vividos en el aeropuerto pudieron «materializarse» en la muerte de Jean Claude Scherzinger. Todo ello a pesar de que el informe forense remitido a los juzgados que investigaron la muerte hablase de muerte natural por una afección cardíaca. Y es que García Castellón indica que el diagnóstico de esa categoría está «determinado tanto por los hallazgos patológicos como las circunstancias de la muerte».
«Precisamente, esas circunstancias fueron el colapso del aeropuerto», sostiene el juez. En su escrito, la defensa de Alay se hace eco de una entrevista con la hija del francés fallecido en la que asegura que se está «utilizando la muerte» de su padre. «Si hace cuatro años mi padre murió por un problema del corazón, ¿por qué ahora se plantean reabrir el caso? Creo que nos están utilizando por intereses políticos», sostiene en la misma.
A juicio del letrado de Alay, sería «interesante saber qué opinan las autoridades francesas tanto de la conceptuación que este Juzgado realiza de una manifestación ciudadana como, de persistir en este intento de criminalizar el ejercicio de derechos fundamentales, que se le haya mantenido en la ignorancia sobre el hecho de que, ahora, se pretenda transformar una muerte fortuita en un asesinato terrorista y que de ello sea víctima un ciudadano francés a cuya familia, por espacio de más de cuatro años se le ha privado de cualquiera de los derechos reconocidos» en la ley.
«Igualmente, sería interesante analizar las consecuencias de beneficiar a una familia de una indemnización, como víctima del terrorismo, que no se corresponde al no serlo y, todo ello, provocado por la actuación de este Juzgado», añade. En este contexto, el escrito llama la atención sobre lo que considera «una situación estrafalaria pero de la se desprenden una serie de conclusiones que afectan a la viabilidad del presente procedimiento».
«Se está ante un incumplimiento sistemático de las normas europeas aplicables al caso. Se está ante un uso indebido de recursos públicos para fines ajenos a cualquier proceso penal. Se está poniendo a ciudadanos de otro estado miembro de la Unión Europea ante una situación ni deseada ni prevista en el ordenamiento de la Unión pero que, además, está conllevando el acoso de los familiares del tristemente fallecido señor Scherzinger», sostiene Alay.
Asimismo, la 'mano derecha' de Puigdemont indica que se «está incurriendo en una desviación de poder incompatible con lo previsto en el artículo 9.3 de la Constitución y se está haciendo un uso poco ético de unos hechos lamentables que distan mucho de ser un asesinato terrorista». Es por eso, concluye, que el magistrado debe abandonar «esta línea de actuación». «Cualquier otra alternativa solo nos llevará a un escenario más perverso que el actual y a un dispendio indebido de dineros y recursos públicos, cuantificables, que nada bueno hablan de cómo se administra justicia cuando se trata de personas que forman parte de un grupo objetivamente identificable de personas», apostilla.