La nueva fórmula de cálculo de la tarifa regulada de la luz, el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) -a la que están acogidos unos 8,5 millones de consumidores, alrededor de un tercio de todos los domésticos-, entrará en vigor a partir de este próximo lunes, 1 de enero, según informó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. A diferencia de la metodología de cálculo que se aplicaba hasta ahora, introducida por la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y regulado en el Real Decreto 216/2014, donde el precio final estaba totalmente indexado al mercado mayorista diario, la nueva fórmula incorporará parcialmente las señales de precio a largo plazo.
Con este fin, desde el 1 de julio pasado, las comercializadoras de referencia vienen adquiriendo a plazo parte de la energía que la tarifa PVPC consumirá en 2024. Con esta reforma del PVPC, la factura de los hogares se beneficiará de la desindexación parcial de los mercados al contado al incorporar referencias de los mercados de futuros -es decir teniendo en cuenta el precio de la electricidad en los contratos de compraventa realizados para una fecha futura-, que aportarán más estabilidad a los precios finales de los consumidores. Esta incorporación de los futuros será gradual y en 2024 el precio de la electricidad se calculará con el 25% del precio futuro y el 75% del precio diario.
En 2025 el PVPC se calcularía con un 40% del precio a futuro y el 60% restante será el precio diario y por último en 2026 se considerará en un 45% el precio del mercado diario y el 55% restante será el precio futuro. En ningún momento esto supondrá una alteración de las señales de precios, que seguirán orientando la demanda hacia las horas de menor consumo. De esta manera, el Gobierno pone fin desde 2024 al PVPC como se ha conocido hasta la actualidad, que fue creado en 2014 por el Gobierno del PP y que, indexado a los precios diarios del Mercado Ibérico de la Electricidad (Mibel), había sido la opción más barata para los pequeños consumidores desde su creación, cuando se abordó como una reforma de la tarifa eléctrica por los problemas de las subastas Cesur.
El gabinete dirigido por Teresa Ribera consideró que esta modificación supondrá «un impulso a la contratación de electricidad en los mercados a plazo, lo que se traducirá en una mayor estabilidad en las facturas de hogares y micropymes españolas, evitando episodios de fuerte volatilidad, como la vivida durante los últimos años, especialmente acusada durante los primeros meses de la guerra de Ucrania».
Además de alentar a generadores y a comercializadoras a negociar la producción energética en los mercados a largo plazo para obtener mayor seguridad sobre el retorno de sus inversiones, se prevé que esta modificación conllevará una mayor estabilidad en las facturas de la electricidad de los consumidores. El cambio será automático -los consumidores no tendrán que hacer nada- y se encargarán de ello las compañías eléctricas, que aplicarán la nueva fórmula de precio de la energía en las facturas que emitan a partir del 1 de enero.
Pese a que los precios de la electricidad en los mercados mayoristas han continuado siendo inusualmente elevados durante este 2023, las medidas para proteger a los consumidores puestas en marcha tras el inicio de la invasión de Ucrania, incluida la Solución Ibérica, se han traducido en una rebaja de un 40,5% interanual en la factura del consumidor tipo con un consumo de 2.400 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,11 kW, según estimaciones del Ministerio. De esta manera, mientras que la factura eléctrica mensual de 2022 se situó, de media, en los 75,58 euros, ese importe se redujo hasta los 44,97 euros en 2023.
Tener la electricidad contratada en el mercado regulado es uno de los requisitos para ser beneficiario del bono social eléctrico, una medida de protección a la están acogidos en la actualidad más de 1,5 millones de hogares (cerca de cuatro millones de personas). Estructurado tradicionalmente en dos categorías -vulnerables y vulnerables severos-, el impacto de la guerra de Ucrania en los precios energéticos llevó al Consejo de Ministros a aprobar temporalmente una tercera categoría, incluida en el RDL 18/2022, -hogares trabajadores con bajos ingresos-, que permite beneficiarse de un descuento del 40% en las facturas eléctricas.
Tanto la rebaja para este colectivo como la ampliación de los descuentos para consumidores vulnerables y vulnerables severos -que pasaron del 25% al 65% y del 40% al 80%, respectivamente- acaban de ser, además, prorrogadas por el Real Decreto-ley 8/2023, hasta el próximo 30 de junio de 2024.