Después de días y días negociando en Bruselas, Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, aseguró el 9 de noviembre del pasado año que el pacto firmado entre los socialistas y Junts para volver a hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez no era "un pacto de investidura, sino de legislatura". Esta semana, sin embargo, el Ejecutivo ha superado a duras penas su primera prueba de fuego con la convalidación de dos de tres decretos de gran importancia. Todo ello, tras un nuevo acuerdo con Junts, formación empeñada en desmentir que aquello que firmaron -y que tenía la ley de amnistía como punto central- no significaba que la legislatura fuera a ser un camino de rosas para la coalición, que deberá negociar palabra por palabra lo que aprueba y que deberá contentar a los de Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat fugado en Bélgica, con nuevas y polémicas peticiones.
Las palabras de Cerdán, el encargado de Sánchez para negociar con los posconvergentes, no eran invento suyo. Fue una exigencia del propio presidente del Gobierno, que en octubre, cuando todavía faltaba un largo mes y medio para su investidura, apuntó en Moncloa que quería un "acuerdo de legislatura", para lo que ofreció "generosidad". Además, quedó reflejado por escrito en el papel que firmaron los del expresidente y los socialistas. "Ambas partes tendrán que acordar la estabilidad de la legislatura, sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones", apuntaba el último punto del documento. Fue un epígrafe que también se incluyó en otros documentos, como el que firmaron el PSOE y ERC.
Así las cosas, y menos de dos meses después de la investidura, esta semana el Gobierno ha logrado convalidar dos decretos -el llamado ómnibus sobre Justicia, que permitirá el desembolso de 10.000 millones de euros de fondos europeos, y el que incluía las medidas anticrisis- con un resultado pírrico, de 172 votos a favor frente a 171 en contra. Además, quedó derogado otro decreto con medidas relativas al subsidio de desempleo. Todo ello con la abstención de Junts, que el Ejecutivo logró a última hora y con una nueva tanda de acuerdos, algunos de ellos polémicos.
Nada más conocerse el sentido de su voto, los posconvergentes mandaron una nota de prensa con lo que habían pactado con los socialistas. El punto fuerte fue el acuerdo para delegar las competencias de inmigración a la Generalitat, que ha levantado las críticas dentro del partido -Emiliano García-Page, siempre crítico con Sánchez, tildó a Junts de "supremacistas" y les acusó de querer que el Ejecutivo gobierne "con camisa de fuerza"-, pero también fuera. Sumar, el socio minoritario de la coalición, ha afeado a Junts que ligue inmigración y delincuencia tras decir Míriam Nogueras, su portavoz, que quieren echar de Cataluña a migrantes reincidentes. ERC, que gobierna actualmente la Generalitat, se ha mostrado cauto. Y las asociaciones policiales y el PP han criticado sin paliativos la medida, asegurando que "supone la casi total desintegración de la Policía Nacional en Cataluña".
Pero ese no fue el único requisito que pidieron los de Puigdemont, que también lograron que el IVA del aceite pase a ser del 0%; que el dinero previsto para la digitalización de la Justicia se multiplique por cinco al pasar de 1,2 a 6,2 millones de euros de dotación; el reconocimiento de "los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local" -sin más explicación-; o que el Gobierno vaya a asumir completamente "el coste sobre los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público". Hasta ahora, el Ejecutivo financiaba un 30% y las autonomías, un 20% ó más. A partir de este año, el Gobierno subvencionará su 30% independientemente que las autonomías pongan su parte.
Con todo, la sesión celebrada en el Senado porque una reforma tiene inhabilitado el Congreso podría haber derivado en una imagen aún peor para el Ejecutivo. Y es que, ese día los diputados también votaron las enmiendas a la totalidad de PP y Vox a la ley de amnistía. Es decir, la posibilidad de tumbar el proyecto de ley firmado entre el PSOE y sus socios. El presidente Sánchez votó en contra de la propuesta de Vox, al ser de forma telemática. Sin embargo, no acudió a votar la de los populares -aunque finalmente tuvo que trasladarse a la Cámara Alta cuando se repitieron las votaciones de los decretos por el empate causado por un error de un diputado de Sumar-. Moncloa, eso sí, niega que su ausencia fuera un mensaje o un aviso a Junts y explica que el presidente "estaba trabajando" en el palacio presidencial.