La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha comprometido a llevar la reducción de la jornada laboral hasta la 37,5 horas al seno del diálogo social, con sindicatos y patronal, pero lo llevará a cabo aunque la parte empresarial no esté de acuerdo. También acometerá una reforma del despido para que se adecúe a la Carta Social Europea y conseguir que sea «disuasorio».
Son las principales conclusiones que ha dejado la vicepresidenta en su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Congreso para presentar las principales líneas de actuación del departamento para esta legislatura. En concreto, Díaz ha asegurado que la reducción de la jornada sin pérdida salarial, que beneficiaría a 12 millones de asalariados en el sector privado, será el principal reto de su Ministerio, de manera que centrará buena parte de los esfuerzos de la cartera en el marco del diálogo social.
En su opinión, además de mejorar el tiempo de la vida de la gente, se trata de una iniciativa con beneficios medioambientales y que mejoraría la productividad del país. Además, la reforma es respaldada también por votantes «de derecha y extrema derecha», según una encuesta a la que Díaz ha hecho alusión.
«Hay tecnología suficiente, los modelos productivos han cambiado», ha defendido Díaz, que ha recordado que desde el 29 de junio del 1983 la jornada en España es de 40 horas. A la ministra le gustaría que ese acuerdo para reducir el tiempo de trabajo cuente con el apoyo de sindicatos y patronal, pero no ha descartado la posibilidad de que sea «bipartito» y la parte representante de los empresarios no se sume. «A mí me gustaría que fuera tripartito, si no puede ser tripartito, será bipartito, pero vamos a hacerlo, eso sí, en el marco del diálogo social», ha explicado.
En lo que respecta a la negociación con sindicatos y patronal, Díaz ha aclarado que la reducción de la jornada irá acompañada de una mejora del registro horario. La vicepresidenta ha explicado que estos dos elementos irán en un «pack» que se empezará a evaluar en la reunión de la Mesa del Diálogo Social de este jueves, 25 de enero.
Esta mejora del registro se debe a que la jornada laboral media efectiva ya es de 38,5 horas a la semana, algo que conoce la patronal española. Así, lo que hay que mejorar es el registro horario al que están obligadas a desplegar las empresas, según fuentes del Ministerio de Trabajo consultadas por Europa Press.
Además de esta meta, Yolanda Díaz también se ha comprometido a reformar el despido para que se adecue a la Carta Social Europea, que este sea «disuasorio» para la empresa y que no se puede «despedir sin causa» al empleado. En este marco, también se incluye la reforma del cese del despido automático ante la oficialización de determinadas invalideces. Y es que, según ha explicado Díaz, Bruselas no es partidaria de fijar indemnizaciones por despido improcedente en días por año cotizado como sucede en España.
En contraste, el despido tiene que ser correspondido con el daño causado al empleado y «disuasorio» cuando no proceda el despido. En esta línea, la ministra de Trabajo ha insistido en que estar en paro «no es responsabilidad de las personas que sufren esta situación». «No es su culpa, no es su problema individual», ha defendido, para matizar que el desempleo, que cree que es el principal problema de España, es de responsabilidad de las carencias de la estructura productiva y económica de España.
Otro de los retos que Díaz quiere acometer en la legislatura es la reforma del subsidio por desempleo. Una reforma que se intentó vía decreto pero que cayó en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox y los cinco diputados de Podemos, ahora en el Grupo Mixto. Yolanda Díaz ha destacado que esta es una reforma «inaplazable» que se hará, primero, en el marco del diálogo social. No obstante, la vicepresidenta ha señalado que «las señorías de la derecha y de la ultraderecha y cinco diputados del grupo mixto han dejado atrás» a colectivos como los menores de 45 años sin cargas familiares o los jornaleros, que están viviendo una situación «terrible» por la sequía.
Entre otros anuncios, la ministra ha avanzado que se va a convocar a la mesa de diálogo social para evaluar la siniestralidad laboral y buscar soluciones conjuntas que permitan erradicar este problema. Sumado a todo esto, Díaz quiere convocar a una comisión de personas expertas para comenzar a elaborar el «Estatuto del Trabajo del siglo XXI», uno de los «grandes caminos pendientes a recorrer», según la ministra. También ha indicado la vicepresidenta que, con carácter inminente, se trabajará con el resto de grupos el texto de la transposición de la directiva de transparencia en las condiciones laborales.
Pero no es el único reto que Yolanda Díaz se ha puesto en esta Legislatura. También ha hecho mención a una regulación en el mundo laboral de la Inteligencia Artificial (IA). En concreto, la ministra quiere evaluar el diseño de una información «significativa, clara y sencilla» sobre la lógica y el funcionamiento del algoritmo en el trabajo y promover desde las empresas de las evaluaciones del impacto y las auditorías algorítmicas. Por otro lado, también ha defendido un estrategia a favor de la igualdad en el mundo empresarial y del sector LGTBI, de modo que se acuerde con sindicatos y patronal la obligación para empresas de más de 50 personas un conjunto de medida de alcanzar la igualdad efectiva y la no discriminación de este colectivo.
Otra de las claves en la que quiere trabajar el Ministerio de Trabajo es la tasa de parcialidad en España, ya que Yolanda Díaz cree que en este aspecto «queda muchísimo por hacer» para que se sitúe en los niveles europeos. También ha mencionado que la intención del Gobierno es extender los permisos de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas y transponer una Directiva Europea para aplicar el principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor a través de medidas de transparencia retributiva.
Uno de los pilares que quiere desarrollar el departamento de Yolanda Díaz es la democratización de la estructura empresarial del país, de modo que los trabajadores tengan representación en los consejos de administración de las empresas y puedan ser partícipes en las decisiones. «Hay que abordar el cambio de organización empresarial en las empresas medianas y en las grandes», ha defendido la líder de Sumar, que considera que no sólo es una cuestión de calidad democrática, sino también de eficiencia empresarial y de la mejora de la productividad.
«Nadie mejor que un trabajador o una trabajadora para defender a sus empresas», ha remachado. Por último, la vicepresidenta ha enfatizado que la economía social seguirá ocupando un espacio central en la acción del ministerio con el Perte de la Economía Social y los Cuidados, un proyecto con un presupuesto de más de 1.700 millones de euros y la implicación de diez ministerios.
Ha avanzado que se aprobará una Ley Integral de Impulso de la Economía Social y verá la luz la Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial. La ministra de Trabajo también ha ofrecido la cifra de fijos discontinuos que hay en España a petición de la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en la actualidad hay 650.300 contratos fijos discontinuos en el país y según Eurostat este tipo de contratos supone el 3,6% de la ocupación total.