Zoilo y Álvaro Ruiz-Mateos Rivero, el mayor y el más pequeño de los seis hijos del empresario José María Ruiz-Mateos que están acusados por estafa en el «caso Nueva Rumasa», han declarado este martes en el juicio y han atribuido toda la responsabilidad en la empresa a su padre, fallecido en 2015. Álvaro ha sido el primero de los hermanos en declarar en la segunda jornada del juicio, que se celebra en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) y que continuará hasta el jueves.
Ha negado conocer la emisión de pagarés que realizó Nueva Rumasa entre 2009 y 2011 mediante la cual, presuntamente, el grupo ideó un sistema «piramidal» que le permitió captar más de 337 millones de euros aportados por, al menos, 4.110 particulares. La empresa nunca desveló a los inversores la delicada situación financiera del grupo a la hora de publicitar los pagarés y, de la cantidad recaudada, dejó sin devolver 289 millones, según la acusación de la Fiscalía.
«Mi padre funcionaba como propietario, decidía y ejecutaba, a mí jamás me ha preguntado sorbe una emisión (de pagarés), no me ha consultado, no tengo nada que ver con la emisión», ha declarado Álvaro, quien ha afirmado que «no hay nadie más responsable en la emisión de pagarés» que su padre. Álvaro ha señalado que él era un empleado más de Nueva Rumasa y que cobraba una nómina de 3.000 euros como administrador de dos de las empresas del grupo, Clesa y Dhul, pero ha negado ser consejero de dichas compañías y haber tenido responsabilidades ejecutivas.
El fiscal de Anticorrupción Juan Pavia le ha mostrado una serie de documentos con supuestas operaciones de estas empresas en las que aparecía una firma atribuida a Álvaro Ruiz-Mateos Rivero, cuya grafía éste ha desconocido en todos los casos. Junto a Álvaro están acusados sus hermanos Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz-Mateos para quienes la Fiscalía solicita un total de 16 años de prisión por estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. El segundo de los hermanos en declarar ha sido Zoilo, quien ha dicho que su padre era el dueño de las empresas y quien decidió la emisión de pagarés.
«A mí nunca me consultó, yo no pintaba nada en este tema», ha afirmado. También están acusados por los mismos delitos los también miembros de la familia Zoilo Pazos Jiménez y Alfonso Barón Rivero, para quienes la Fiscalía pide 15 años de prisión. Además, están acusados de estafa y blanqueo de capitales los trabajadores y colaboradores de Nueva Rumasa Manuel Sánchez Marín y José Ramón Romero, éste también por un delito contra la Hacienda Pública; y por estafa, Rufino Romero de la Rosa y a Ricardo Álvarez Castaño. Anticorrupción también acusa de un delito de alzamiento de bienes a Ángel de Cabo Sanz, Fernando Juan Lavernia e Iván Manuel Losada.
El grupo Nueva Rumasa estaba constituida por un complejo conglomerado de sociedades que, si bien participaban de una gestión común dirigida a un mismo fin, no conformaban un grupo consolidado en el sentido definido en la legislación mercantil, según la Fiscalía. Entre ese cúmulo de sociedades había algunas productivas en el sector agroalimentario y hotelero, y otras sociedades instrumentales o meramente patrimoniales, la mayoría radicadas en Belice, según el Ministerio Fiscal.
El documento incluye una lista compuesta por 58 empresas del entorno de Nueva Rumasa, entre las que se encuentran Carnes y Conservas Españolas, grupo Dhul, Clesa, Bodegas Teresa Rivero y Cacaolat. Aunque los acusados desempeñaban su trabajo bajo la dirección última de José María Ruiz-Mateos, cada uno de ejercía en sus respectivos ámbitos de actuación un poder de decisión propio cuyas consecuencias eran recíprocamente aceptadas por todos, según la Fiscalía. La tesis de la Fiscalía es que los fondos captados «fueron redirigidos a una caja única en una sucursal del banco Etcheverría en Madrid, de la que los acusados disponían, en función de las necesidades» del grupo, aunque también se sufragaban con este dinero «cuantiosos gastos de índole personal del clan familiar». Además, apunta a que por el momento «se desconoce el destino último de 82 millones que los acusados retiraron en efectivo de las cuentas bancarias».