El Congreso debatirá el martes la propuesta de Vox para ilegalizar partidos políticos, un segundo intento de los de Santiago Abascal para dejar a los grupos separatistas fuera del parlamento, cuyo debate se produce un día antes de que la Comisión de Justicia vote un nuevo dictamen de la ley de amnistía.
En la proposición de Ley Orgánica para Garantizar la Unidad de España, la primera que lleva este año Vox al Pleno, se advierte de los problemas que suponen los partidos separatistas, cuya influencia política «es -dice la formación de Abascal- absolutamente desproporcionada con relación a su número». «Son una amenaza de primera magnitud para la unidad nacional», añade Vox, que cree que distintas instituciones, entre ellas el Gobierno, están «avanzando en el desmantelamiento del régimen de garantías previsto».
Acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber impulsado normas que atentan directamente contra los principios constitucionales y el Estado de derecho. Por eso, entiende que «es imperativo» acometer una «sanación» del ordenamiento jurídico que revierta estos «ataques» a la Constitución. Además de la acción del Gobierno, advierte de los problemas que generan, en su opinión, los partidos separatistas y argumenta que «siendo la indisoluble unidad de España uno de los pilares de la Constitución, es lógico considerar que los partidos que aspiran a romper la unidad de la nación española están atacando la base de la comunidad política y el fundamento del sistema constitucional».
En este sentido, la proposición recuerda las legislaciones de algunos países del entorno que prohíben las formaciones que atenten contra la unidad de la nación o la soberanía nacional, como Portugal, Alemania o Francia. Vox propone calificar como límites a la actividad de los partidos políticos el respeto a la unidad y la soberanía de España y el no atentar contra su integridad territorial y pide que quienes trasgredan esos límites sean «considerados ilegales e incursos en causa de disolución».
También reclama la modificación del Código Penal para prohibir expresamente la utilización del referéndum con fines contrarios a la unidad de España, la soberanía de todos los españoles o el orden constitucional, así como para recuperar el delito de sedición. Propone asimismo incrementar la respuesta penal por la comisión de delitos de ofensas o ultrajes a España a través de un tipo agravado cuando los autores son miembros del Gobierno.