La Oficina Federal de Justicia de Suiza ha enviado una misiva al juez del caso 'Tsunami Democràtic', Manuel García Castellón, a través del Ministerio de Justicia, en la que se niega a auxiliarle en la localización de la secretaria general de ERC Marta Rovira y en obtener información bancaria relativa a la plataforma porque entiende que debe decidir antes si hay un carácter político en la petición.
Según ha adelantado 'El País' y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, las autoridades competentes suizas solicitan en la carta información sobre cómo puede afectar la ley de amnistía que se tramita en el Congreso de los Diputados «para varios separatistas catalanes» a esta causa en concreto. Y abunda en que sería conveniente que les explicaran las posibles consecuencias de esta ley sobre los procedimientos iniciados contra los miembros de la plataforma Tsunami y en concreto sobre Marta Rovira, «cuya pertenencia a dicha plataforma no está clara».
Las mismas fuentes apuntan que el Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha recibido esta misma mañana la respuesta de Suiza, que pide más información al magistrado. Esas fuentes explican que la contestación helvética llegó al Ministerio de Justicia el pasado 29 de diciembre. De esta forma, Suiza suspende el auxilio solicitado por el magistrado hasta que España y en concreto la Audiencia Nacional responda a sus preguntas porque entienden, tras «examinar con la máxima atención» la comisión rogatoria, que el contenido es muy similar a la de 3 de diciembre de 2019 que ya dio lugar a una denegación de asistencia.
En concreto, explica que antes de decidir si la comisión rogatoria tiene un carácter político que impediría conceder la asistencia en virtud de la legislación suiza sobre asistencia mutua en materia penal, necesitan saber para qué quiere García Castellón conocer el paradero de Rovira y por qué lo hace por este conducto cuando esta medida puede llevarse a cabo mediante el procedimiento simplificado de cooperación policial.
Sobre la petición de información bancaria, se preguntan por qué el magistrado quiere tener movimientos hasta junio de 2020 si los eventos organizados por Tsunami en los aeropuertos de El Prat de Barcelona y en Barajas (Madrid) y que «supuestamente debían haber recibido apoyo financiero a través de la citada cuenta» tuvieron lugar el 14 de octubre de 2019. Al hilo, quiere conocer también la relación exacta entre Rovira y las manifestaciones en los dos aeropuertos que se citan en la comisión rogatoria. Para Suiza, es importante conocer la implicación precisa de Rovira en esos hechos «y más concretamente en las acciones emprendidas contra los funcionarios españoles y saqueos cometidos en este contexto».
Ya en 2020 las autoridades judiciales de Suiza se negaron a prestar asistencia jurídica a España en la causa que se instruye en la Audiencia Nacional sobre 'Tsunami Democràtic' al entender que el procedimiento tiene «un carácter político preponderante». En la respuesta que dio el país helvético al Juzgado Central de Instrucción número 6, al que tuvo acceso Europa Press, se indicaba que el convenio europeo por el que se rigen las relaciones entre ambos países dispone que la asistencia jurídica podrá denegarse «si la solicitud se refiere a infracciones consideradas por la parte requerida como infracciones políticas o como infracciones relacionadas con infracciones políticas».