La Guardia Civil cree que la empresa Iniciatives Events, que organizó actos políticos entre otros para el Consell per la República del expresidente catalán Carles Puigdemont, actúa como un «cartel» utilizando un «entramado» de sociedades para imposibilitar la libre competencia y obtener contratos públicos. Así consta en varios informes, que la Guardia Civil ha remitido al juez de Barcelona que investiga el «caso Volhov», a partir de la información obtenida después de que en octubre de 2020 detuvo a los responsables de Events ante las sospechas del magistrado de que desde esta empresa se malversaron caudales públicos de forma «sistemática y continuada».
La Guardia Civil, que ha analizado numerosa documentación intervenida a los responsables de Events, aprecia indicios de la existencia de delitos de alteración de los precios en subastas y concursos públicos, del concierto en los contratos públicos y maquinación fraudulenta para evitar la «concurrencia competitiva». Además, en base a la documentación incautada, apunta que «parece desprenderse» que con dinero público se estarían sufragando actos del Consell per la República, para el que Events montó varios eventos, como uno de octubre de 2020 en Perpiñán (Francia) en el que participaron los expresidentes Joaquim Torra, Carles Puigdemont y Artur Mas. En concreto, el instituto armado sospecha que con esta «operativa fraudulenta» Events logró la concesión de diferentes contratos emitidos por las entidades públicas para las que trabajó, que llegan a superar en total el millón de euros. Según la Guardia Civil, la empresa actúa «como un cartel, limitando, cuando no imposibilitando la libre competencia», con la finalidad de «manipular» el resultado de las licitaciones para que les sean adjudicadas a su conglomerado empresarial «simulando la existencia de concurrencia competitiva».
Para lograrlo, según la Guardia Civil, Events utiliza distintas sociedades, algunas de ellas en apariencia independientes pero controladas por ellos mismos, ya que comparten sedes sociales, empleados, ordenadores, acciones, pagos y transferencias, para presentar presupuestos a distintos concursos o licitaciones de las administraciones públicas y otros organismos que perciben subvenciones públicas. De esta manera, se garantizan la adjudicación de los contratos, eligiendo en cada ocasión la sociedad que más les interesa, para presentar la oferta más económica o las mejores cualidades técnicas, según los informes. La Guardia Civil considera que Roc Aguilera y Antoni Fusté utilizan su «entramado» de empresas para facturar servicios a distintas entidades de la administración pública, tanto autonómica como local, de forma que «en apariencia» presupuestan servicios por sociedades independientes «pero la realidad es que son servicios adjudicados al mismo entramado empresarial».
En base a la investigación realizada y a la operativa utilizada por los responsables de Events, la Guardia Civil apunta en sus informes que «parece difícil pensar» que esta forma de actuar se haga desde el «desconocimiento» de los responsables públicos de estas adjudicaciones. En concreto, la Guardia Civil ha encontrado en sus registros documentación sobre contratos adjudicados a Events por parte de Ferrocarriles de la Generalitat, la Federación Catalana de Fútbol, los ayuntamientos de Barcelona, Sant Cugat del Vallès y Calella, la Agencia Catalana del Agua y la Plataforma Pro Selecciones Deportivas Catalanas, así como con el Institut Barcelona Esports. Por ejemplo, según la Guardia Civil, con la Plataforma Pro Selecciones Deportivas Catalanas pactaron que les facturarían con cargo a las subvenciones públicas y que para ello aportarían todos los presupuestos, los que ganarían y los que perderían.
Asimismo, según la Guardia Civil, Events ha gozado de una «relación privilegiada» como proveedor del FC Barcelona, aunque cuando Josep Maria Bartomeu asumió la presidencia -en 2014- esa posición pasó a ser «residual», lo que provocó las quejas de la compañía porque aseguraron que le habían realizado su campaña electoral «gratis». Paralelamente, en base a la información intervenida, la Guardia Civil sostiene que Events sufraga el coste de dos vehículos del exconseller de ERC Xavier Vendrell y que, utilizando empresas de su conglomerado también ha efectuado pagos, por conceptos como asesoramientos, entre otros, al exconseller de CDC Germà Gordó o a Oriol P.F., que según el instituto armado podría tratarse del exdirigente de CDC Oriol Pujol Ferrusola.