La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha propuesto este lunes modificar la normativa para que, entre otras cosas, no se puedan conceder indultos cuando hay corrupción por medio y reducir los aforamientos en España, tanto de los políticos como de los órganos del Estado. «Hay que ser implacables» contra la corrupción «venga de donde venga», ha subrayado Díaz tras reunirse con grupo parlamentario en el Congreso, donde ha aprovechado para cargar contra los «golfos» que se han lucrado a costa de la salud de los ciudadanos en el peor momento de la pandemia, en referencia al denominado caso Koldo.
Tras calificar de «gravísima» esta corrupción, Díaz ha advertido de que Sumar no se va a dejar llevar por el último titular o por el último tuit porque quieren ser «prudentes» y esperar a que se investiguen los hechos hasta el final. En este sentido, la vicepresidenta segunda del Gobierno ha avanzado que Sumar va apoyar todas las comisiones de investigación «sin mirar el color» de la corrupción, ni de la empresa ni del corruptor.
En su afán por acabar con estos casos de corrupción, Yolanda Díaz ha dicho querer dar «un paso más», no para castigar la corrupción que se ha producido ahora, sino para establecer los mecanismos para prevenir que se produzca. De ahí que ha propuesto la creación de un «Consejo de Prevención de la Corrupción», que sea independiente, que esté especializado en anticorrupción y esté dotado con recursos suficientes, como recomienda el GRECO, Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa.
La líder de Sumar ha anunciado también que, con carácter inmediato, van a propiciar cambios normativos, entre ellos modificar la ley que regula el indulto para que no se pueda aplicar esta medida de gracia en casos de corrupción. Junto a esta medida, Sumar pretende modificar y restringir los aforamientos en España, no solo de los políticos sino también de organismos del Estado, para evitar que los beneficiarios puedan protegerse ante casos de corrupción.
Regular los lobbys o grupos de presión y avanzar en la despolitización de los órganos constitucionales son otras de las medidas que ha propuesto ante su grupo parlamentario. Yolanda Díaz ha concluido su intervención pidiendo «ejemplaridad» a los suyos, tras advertir de que la corrupción destruye la confianza en la política y en lo público, que «la democracia es demasiado valiosa» y que «hay que cuidarla».
Al hilo, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha defendido la «firmeza absoluta» y «transparencia del Ejecutivo en el 'caso Koldo', que ha calificado de »inaceptable« y un »bochorno« que debe investigarse hasta las «últimas consecuencias». «Creo que la posición que hemos expresado ha sido de una firmeza absoluta, un compromiso del Gobierno con una transparencia total para llegar a las últimas consecuencias, caiga quien caiga y suceda lo que suceda» ha desgranado durante su intervención en el marco de un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.
Bustinduy ha insistido que respeto a esta presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia, se requiere «firmeza» en la respuesta para dar los pasos necesarios que permitan prevenir en el futuro casos de presunta corrupción. También ha manifestado sobre la Ley de Amnistía que está siguiendo su cauce parlamentario y que la normativa responde a un «mandato que salió de las urnas».
Respecto a la complejidad de la negociación parlamentaria, dado que se requiere el acuerdo con Junts para sacarla adelante, Bustinduy ha señalado que la aritmética en el Congreso actual es lo que decidieron los españoles en las últimas elecciones, pero ha rechazado dar una sensación «trágica» de las negociaciones del Ejecutivo para lograr respaldo a sus iniciativas.
«Yo quiero poner en valor el hecho de que, frente a una cultura política tradicional, ligada al bipartidismo y a las mayorías absolutas del 'ordeno y mando', ahora hemos entrado en una nueva fase que requiere de una serie de capacidades políticas, de diálogo, de negociación, de acuerdo que creo que serán positivas políticamente para el país», ha apostillado. Por otro lado, el ministro de Derechos Sociales ha destacado, respecto al despliegue de Sumar que se debe cambiar la cultura política instalada en la izquierda y en sus debates organizaciones que ha infringido un «tremendo daño» al espectro progresista en general.
Bien visto por los comentaristas anteriores, se contradice ella solita... Además dicen que: "la Ley de Amnistía está siguiendo su cauce parlamentario y que la normativa responde a un «mandato que salió de las urnas». ¿¿Un mandato que salió de las urnas pidiendo la amnistía? Es para hacerselo mirar... 🤦🏼♀️