Sumar ha registrado este jueves una proposición de ley en Congreso para crear una Oficina de Prevención de la Corrupción que tenga carácter estatal y que sea independiente para ayudar a fortalecer las instituciones frente al «drama de la corrupción». Así lo anunciado en rueda de prensa el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, que ha pedido el apoyo unánime a esta iniciativa legislativa para «rescatar la política de la corrupción y devolverla al terreno de las transformaciones que sí son útiles».
«No basta con lamentarse solo estéticamente del espectáculo de estos días, hay que ponerse manos a la obra» y eso significa «hacer propuestas que garanticen que defendemos el bien común y el interés público frente a la corrupción», ha afirmado.
El portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, ha recordado que esta propuesta es la primera de una batería de 40 medidas que anunció la vicepresidenta Yolanda Díaz y que en breve presentarán otras, como la reforma de los aforamientos para acabar con cualquier barrera de impunidad. El objetivo de esta ley, ha indicado, es poner en marcha esta Oficina de Prevención de la Corrupción, siguiendo «modelos insuficientes, pero que han sido importantes», que se han puesto en marcha en algunas comunidades autónomas.
Tras defender la necesidad de «ir más allá» y regular la prevención de la corrupción para que se detecte cualquier riesgo, Santiago ha explicado que la norma pretende afectar «a personas jurídicas, físicas e instituciones públicas que manejen dinero público», ya sea de manera directa o a través de subvenciones o ayudas. El dirigente de Sumar ha dicho que esta ley, de aplicación en todas las administraciones públicas, incluye un plan de prevención de cualquier uso indebido de dinero público y unos responsables de garantizar que esos planes se cumplen, así como un mecanismo de rendición de cuentas que quede registrado.
La Oficina de Prevención tendrá capacidad de investigación del manejo indebido de los recursos públicos y de proponer sanciones (que van de 500 euros la más leve a 1 millón de euros), a la vez que tendrá mecanismos de protección de las personas denunciantes de corrupción o del personal a su servicio. Enrique Santiago ha dejado claro que esta propuesta de ley debe incluir la obligación del Estado de dotarla de los recursos económicos, administrativos y de personal para que funcione. «No es un brindis al sol», ha aseverado.