La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que el Gobierno está avanzando en la tramitación de la legislación necesaria para que los conductores profesionales se pueden jubilar de forma anticipada por la mayor peligrosidad en el sector. «Somos muy conscientes de la necesidad de incorporar indicadores objetivos para determinar la jubilación anticipada por razón de la actividad profesional. Lo estamos haciendo con un calendario que está en la mesa del diálogo social para lograr el mayor consenso posible entre quienes van a hacer efectivo el cumplimiento del acuerdo cuando lo alcancemos», ha avanzando la ministra en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.
Saiz ha aprovechado su intervención para agradecer tanto a la parte empresarial como a los sindicatos los esfuerzos que están haciendo para acercar posturas respecto a este asunto e intentar establecer unos criterios objetivos para determinar los coeficientes reductores a aplicar. La ministra ha respondido así a una pregunta de la diputada de ERC Inés Granollers, que recordaba que el PSOE y Junts (en ese momento como Convergència i Unió) aprobaron en 2011 la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años.
«Esta ley supuso una terrible noticia para el conjunto de las personas trabajadoras, pero especialmente para aquellas cuyo trabajo resulta especialmente peligroso», ha añadido, señalando que el pasado 9 de abril la Comisión de Transportes del Congreso presentó una propuesta de su partido con el apoyo del PSOE para anticipar la edad de jubilación de los transportistas.
Respecto a la fijación de los coeficientes reductores, Granollers ha manifestado que se trata de un mecanismo «arbitrario» a discreción «del Gobierno de turno», porque, por ejemplo, los pilotos de aviones o los conductores de trenes sí pueden adelantar su jubilación, pero no los camioneros, sector en el que la tasa de accidentes en los mayores de 55 años es tres veces superior que en el resto de actividades.
FALTA DE MÉDICOS
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones también ha avanzado en el pleno de este miércoles que llevará al próximo Consejo de Ministros, el del 28 de mayo, un real decreto para mejorar la protección, la promoción y la mejora de la salud de las personas trabajadoras del mar.
Saiz ha anunciado esta medida tras las quejas mostradas por la diputada del PNV Idoia Sagastizabal sobre la falta de personal médico en los institutos sociales de la marina, lo que dificulta la obtención de los certificados médicos necesarios para que los trabajadores puedan embarcar y desarrollar su actividad.
Sagastizabal ha puesto como ejemplo la falta de médicos en el Instituto Social de la Marina de Vizcaya, lo que ha ocasionado que los trabajadores hayan tenido que ir a Gijón, a más de 324 kilómetros, para obtener estos certificados médicos, costeándose el viaje por su cuenta.
Ante esta situación, ha propuesto la posibilidad de poder emitirse prórrogas de los certificados, que las mutuas puedan autorizar a sus médicos que emitan este tipo de certificados o que se prevea la contratación de médicos interinos. La ministra ha detallado que, en el caso de Vizcaya, se ha desplazado personal de Melilla de forma excepcional y temporal, y que antes de verano se espera que se incorporen 34 plazas de médicos a la sanidad marítima de toda España.