Los fiscales del Tribunal Supremo que intervinieron en el juicio del 'procés' se han opuesto a acatar la orden del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de amnistiar todos los delitos a los líderes independentistas catalanes por ser «improcedente» y «contraria a las leyes». Se trata de la respuesta formal y escrita al fiscal general, a la que ha tenido acceso EFE, que este viernes ha ordenado a los cuatro fiscales que pidan al Alto Tribunal que aplique la amnistía a todos los delitos de los líderes independentistas catalanes, incluida la malversación, y levante las órdenes de detención nacional.
En base a ello, los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena han invocado el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para convocar una Junta de Fiscales de Sala, que se celebrará el próximo martes al haber accedido inmediatamente García Ortiz, que ha comunicado ya a los 38 fiscales de sala la reunión para fijar el criterio definitivo. Con todo, la última palabra la tendrá siempre el fiscal general. «Seguimos considerando que los argumentos expuestos por V.E. para justificar la aplicación incondicional de la ley de amnistía a los hechos constitutivos de malversación de esta causa especial no desvirtúan en absoluto los criterios jurídicos plasmados en nuestros informes y las soluciones que se proponen en los mismos», explican.
De manera, continúan, que «son manifiestamente insuficientes para legitimar la viabilidad y el ajuste a la legalidad de la orden impartida por V.E. instando la aplicación incondicional de la ley, por lo que a nuestro juicio la orden es improcedente y contraria a las leyes al no ajustarse a los criterios más elementales de la lógica jurídica y de legalidad penal exigibles en la interpretación y aplicación de la normas», señalan en su respuesta escrita. En el escrito, los fiscales insisten en lo avanzado en su informe previo, que «si finalmente mantiene la decisión adoptada sobre la aplicación de la ley a la malversación», les releve de esta causa «para ser despachada por V.E. o quien designe a tales efectos» y así cumplir con las providencias del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y la Sala de lo Penal de informes, que vence el miércoles.
García Ortiz ha enviado una orden acompañada de un informe jurídico de 133 páginas, al que ha tenido acceso EFE, tal y como le reclamaron por escrito los fiscales, partidarios de no perdonar la malversación, en caso de que no estuviera de acuerdo con ellos. El fiscal general pide amnistiar a los cuatro condenados que cumplen penas de inhabilitación por la malversación -el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa- y a tres de los fugados que no llegaron a ser juzgados -el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig, procesados por malversación y desobediencia-.
García Ortiz les ha ordenado que «procedan a cumplimentar los traslados conferidos mediante providencias de 11 de junio de 2024, en el sentido de que los delitos objeto de imputación y condena en la Causa Especial núm. 3/20907/2017 seguida ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación» de la ley de amnistía. Y, por consiguiente, «procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados», que son Puigdemont, Comín y Puig.