La Fiscalía ha pedido que se amnistíe al medio centenar de policías nacionales investigados por las cargas en el referéndum del 1-O, al concluir que su actuación no fue suficientemente grave como para quedar excluida de la ley, porque no buscaban humillar o provocar miedo a los votantes. En un informe de apenas una página, el ministerio público ha instado al titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona a aplicar la ley de amnistía a los policías imputados, a quienes se acusa de delitos de lesiones y contra la integridad moral por las cargas para impedir el reférendum.
En paralelo a esta causa, la Audiencia de Barcelona debe resolver sobre otra en la que están investigados cuatro policías nacionales por el disparo de la pelota de goma que reventó un ojo a Roger Español, votante del 1-O que luego fue candidato de Junts al Senado, una actuación que podría quedar fuera de la amnistía porque la ley excluye expresamente las lesiones que causaran pérdida de un órgano vital.
En el caso de los agentes imputados por las cargas contra votantes del 1-O, la Fiscalía recuerda que la ley «declara expresamente amnistiadas las acciones realizadas en el curso de actuaciones policiales dirigidas a impedir» los actos enmarcados en la consulta del 1 de octubre de 2017. Para el ministerio público, la actuación de los agentes, a lo sumo, constituiría delitos contra la integridad física -lesiones, lesiones leves o maltrato de obra- que no figuran entra las exclusiones que prevé la ley de amnistía.
El informe recuerda que alguna de las acusaciones personadas en al causa -entre las que figuran desde la entidad proderechos humanos Iridia a la ANC u Òmnium Cultural- atribuyen a los policías delitos contra la integridad moral. Pero incluso en ese caso, añade la Fiscalía, «los hechos permanecerían amnistiados dado que no rebasaron el umbral mínimo de gravedad» para quedar excluidos de la ley, que deja fuera de la amnistía aquellas conductas que buscaran «humillar o degradar a una persona o mostrar una disminución de su dignidad humana» así como «provocar miedo, angustia o inferioridad» para quebrar su resistencia moral y física.
Por su parte, una decena de agentes de la Policía Nacional investigados por las cargas pidieron ya la semana pasada al juez que les aplique la amnistía porque «en ningún caso» cometieron actos de tortura ni tratos inhumanos o degradantes. Por su parte, la entidad Irídia, que ejerce de acusación popular y particular en la causa, anunció el pasado martes en un comunicado que se opondrá a que se amnistíe a los agentes ya que opina que tendrían que quedar excluidos por sus actos, que ve constitutivos de tortura o tratos inhumanos o degradantes.