La primera y más urgente tarea del futuro Consejo General del Poder Judicial será la de abordar los 98 nombramientos pendientes de la cúpula judicial, entre ellos, 26 magistrados del Tribunal Supremo, más de un 30 % de su composición. Son datos facilitados por el órgano de gobierno de los jueces que, una vez quede constituido con su futura composición acordada por PSOE y PP, tiene por delante una tarea ingente de la que se ha pronunciado este miércoles su presidente saliente, consciente de la magnitud de los nombramientos que tendrán que enfrentar los vocales.
El presidente del Consejo, Vicente Guilarte, ha dicho que, tras el acuerdo entre PSOE y PP, ahora «hay que avanzar» en «despolitizar la justicia plenamente», con especial atención a los nombramientos que afrontará el futuro órgano de gobierno de los jueces.
De ello se ocupará una comisión de calificación de cinco vocales que informará de todos los nombramientos discrecionales que deba hacer el pleno y que, según Guilarte, ya existía en el seno del Consejo, si bien se pretende desarrollar más con el fin de «objetivar» más los nombramientos «desde una perspectiva técnica».
Tras ello, el Pleno deberá elegir a los altos cargos de la judicatura con una mayoría reforzada de tres quintos, es decir, trece vocales, lo que obligará a los vocales conservadores y progresistas a llegar a acuerdos. En cuanto a las vacantes, 26 corresponden al Supremo, de las cuales 12 afectan a la Sala de lo Contencioso, 6 a lo Social, 4 a lo Civil, 3 a lo Militar y una la Sala de lo Penal.
También en la Audiencia Nacional hay dos presidencias vacantes, que son de la Sala de lo Penal y otra de Sala de lo Social a lo que hay que añadir 27 plazas de magistrado la Jurisdicción Militar. Luego hay que sumar 40 vacantes en los Tribunales Superiores de Justicia, 8 presidencias y 32 plazas de magistrados, uno de los cuales en las Islas Baleares.