El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha presentado este martes una querella por delitos de prevaricación y malversación contra el juez del «caso Volhov» Joaquín Aguirre, al que acusa de investigar ilegalmente la supuesta injerencia rusa en el procés usando fondos públicos. Puigdemont, junto a su asesor Josep Lluís Alay y su abogado Gonzalo Boye -ambos imputado en la causa-, piden al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), al que correspondería instruir la querella, que investigue al magistrado y, mientras tanto, le aparte cautelarmente de la causa sobre las supuestas conexiones con Rusia para el procés.
Asimismo, el expresidente de la Generalitat Artur Mas ha recurrido ante la Audiencia de Barcelona su imputación por la supuesta injerencia rusa en el 'procés', aduciendo que no está basada en ningún indicio delictivo, más allá de «valoraciones políticas» y «teorías de la conspiración». En su recurso, el abogado Jordi Pina, del despacho Molins, pide a la Audiencia de Barcelona que zanje la nueva pieza separada del caso Volhov que abrió el juez Joaquín Aguirre para seguir indagando las supuestas conexiones con Rusia para al 'procés', semanas después de que la Audiencia frenara su investigación al anular las últimas dos prórrogas de la causa.
El recurso de Mas plantea que la nueva pieza separada abierta por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona -que plantea investigar también al expresidente Carles Puigdemont- supone una «intromisión prospectiva» que parte de «hipótesis de sobremesa y auténticas conjeturas» no apoyadas en indicio alguno, más allá de «teorías de la conspiración que solo tienen cabida en el imaginario del instructor». Para el abogado, los hechos que Aguirre atribuye a Mas «no tienen de ninguna manera encaje delictivo», sino que son «resultado de puras valoraciones políticas» y de «apreciaciones subjetivas» que, mantiene el recurso, es «inaudito» que se hayan expuesto en un auto cuando son más propias de una tertulia radiofónica o televisiva.
En ese sentido, el escrito recuerda que Mas, al que el instructor vincula con un delito de malversación en el 'procés', dejó de ocupar cargos públicos en enero de 2016, cuando renunció a la presidencia de la Generalitat, y que ya fue juzgado y condenado por la consulta del 9N, en la que se descartó investigarlo por desvío de fondos. También arremete el escrito sobre el concepto de «guerra híbrida» en que se basa el instructor para imputar un delito de traición a Mas, unas «elucubraciones» que para el abogado del expresidente son «absolutamente impropias de una resolución judicial mínimamente seria».
«Todos los delitos a los que se puede aplicar la figura de la traición en grado de conspiración exigen que haya un estado de guerra legalmente declarado», sostiene el escrito, que recuerda que según indica la Constitución, la guerra es algo que corresponde declarar al rey de acuerdo con las Cortes. Toda vez que esa declaración no se ha producido nunca, abunda Pina, «cualquier apelación a conceptos de guerra que no tiene nada que ver con el recogido en el texto constitucional es gravemente vulneradora del derecho fundamental a la legalidad, además de suponer una banalización». En ese sentido, subraya el recurso de Mas que el «conflicto político» que se ha vivido en los últimos años en Cataluña «no tiene afortunadamente nada que ver, gracias a Dios, con una guerra».
Como han hecho el resto de investigados en la nueva pieza separada, Mas acusa al magistrado de haber «burlado» la resolución de la Audiencia de Barcelona que le impedía seguir investigando la supuesta intervención rusa en el 'procés', un auto que, añade el escrito, «no dejaba ninguna duda interpretativa». Para el abogado de Mas, la decisión del instructor de recuperar una «pieza olvidada» de la causa para reactivar la investigación sobre las supuestas conexiones con Rusia es una «inconcebible ficción» y un «fraude procesal» de los que el juez es «plenamente consciente».