El acuerdo que firmaron hace días el PP y el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que tanto molestó a los socios de ambos no pone punto y final a la intención de los dos grandes partidos de unir sus fuerzas parlamentarias con el fin de renovar otros organismos. Tanto Moncloa como Génova admiten contactos informales para pactar el nombramiento de los cargos de gobernador y subgobernador del Banco de España cuanto antes, a ser posible, antes de que termine el mes de julio.
El reciente pacto para renovar el Poder Judicial produjo un deshielo en las negociaciones entre los dos grandes partidos, que quisieron aprovechar aquel momento óptimo y "fácil" para afrontar la renovación del resto de órganos. Así lo reconocieron sendos equipos a finales de junio y en esta misma actitud se muestran a día de hoy.
Desde entonces, los socialistas no han escatimado ocasión para mostrar su disposición para pactar más organismos con los populares, aunque fuentes del Gobierno reconocen que en este momento los únicos contactos "informales" que se están produciendo son para renovar la cúpula del Banco de España.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, mostró recientemente su "confianza" en que se puedan poner de acuerdo "lo antes posible", y desde Moncloa ya muestran su preferencia de que sea este mismo mes de julio. Y es que el próximo 18 de julio se celebra la reunión del consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE), por lo que si el Ejecutivo quiere que sea la nueva cúpula la que acuda, el pacto tendría que producirse en la primera quincena de este mes.
El mandato de Pablo Hernández de Cos, el último gobernador, terminó hace un mes, el 10 de junio. Desde entonces, es la subgobernadora, Margarita Delgado, quien asume sus funciones, aunque su mandato expira el 11 de septiembre, por lo que ambos partidos ya cogen carrerilla para intentar cerrar un acuerdo para presentar cuanto antes a la nueva cúpula.
La fórmula para la renovación se plantea que sea la habitual hasta entonces. Aunque el Ejecutivo tiene la potestad de elegir al gobernador y que sea este quien designe al subgobernador, la tradición es que el partido de Gobierno y el de la oposición lleguen a un acuerdo para que el perfil que designe el Ejecutivo sea asumible para -en este caso- el PP, que actuaría de la misma manera con la elección del subgobernador.
Y en ello están ambos partidos, aunque todavía no se han sentado en la mesa de negociaciones de manera oficial. En Génova, al igual que en Moncloa, también reconocen contactos y, en su caso, ya hablan de sus equipos negociadores. Es la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien está al mando de las conversaciones con Ferraz, es decir, con el PSOE, mientras que el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, se encarga de dialogar con el Gobierno a nivel parlamentario.
El objetivo de los populares es alcanzar un acuerdo que se asiente en los pilares del pacto que alcanzaron en junio con el PSOE para desbloquear del CGPJ: priorizar los perfiles técnicos a los políticos. Por ello, evitan hablar de plazos fijados para renovar el Banco de España. "Preferimos buenos perfiles a un pacto rápido", insisten fuentes del PP que, en todo caso, aspiran a cerrar el acuerdo "cuanto antes, mejor".
Siempre, claro, que el perfil que proponga el Gobierno para el gobernador del Banco de España sea "incontrovertible". El PP recuerda que por sistema el Ejecutivo siempre ha propuesto al gobernador, mientras que la oposición, al subgobernador. No obstante, reclaman su derecho a opinar, ya que ellos son, por primera vez, la fuerza mayoritaria del Congreso, aunque no gobiernen. Aun así, aseguran que respetan el sistema de elección, por lo que, recuerdan, a ellos les tocará proponer al subgobernador.
Asimismo, tanto PP como PSOE están aprovechando los acercamientos para abordar la renovación de otros órganos como son la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Fuentes populares explican que en ningún caso vinculan la renovación del Banco de España con estos otros dos órganos. Lo que no quiere decir que lo aborden, ya que están relacionados entre sí. Por lo contrario, enfatizan en que quisieron "separar" el "paquete económico" con el de Justicia [CGPJ] y con el de los medios de comunicación [RTVE].
Críticas de los socios por no abrir la negociación
El avance en estas negociaciones se produce entre las críticas de los socios de unos y otros, que se escenificaron en el primer paso parlamentario para renovar el Poder Judicial. El PP y el PSOE se quedaron sin el apoyo de sus habituales socios a la hora de aprobar la toma en consideración de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal.
Desde Sumar, que se abstuvo en la votación de la norma de su socio de coalición, reprocharon a los socialistas haber conocido el texto del acuerdo cuando ya estaba registrado y acusaron "imprecisiones, vacíos y deficiencias" en el mismo. Mientras que Podemos directamente pidió al PSOE la ruptura del pacto con el PP para "recomponer" la mayoría del "bloque democrático". Al igual que Junts y ERC, que coincidieron en censurar una "gesticulación exagerada" entre ambos partidos que, finalmente, terminaron dándose las manos para pactar entre ellos el Poder Judicial.
En el caso del PP, insiste en enmarcar estas negociaciones con el PSOE en un paréntesis. El propio Feijóo lo explicó tras el pacto del CGPJ: "Habrá gente que se preguntará por qué hemos aceptado negociar con el actual presidente del Gobierno sobre esto, con lo que está ocurriendo en nuestro país en el último año y en los últimos días. La respuesta también es clara porque sabemos distinguir entre la oposición al Gobierno y la lealtad al Estado. Y tanto la una como la otra son firmes. Ni ha cambiado la negativa consideración que nos merece el actual Gobierno, ni tampoco nuestra responsabilidad hacia las grandes cuestiones de Estado".
A lo que añadió: "En el lado contrario, es posible que otros ciudadanos quieran intuir un nuevo clima entre los dos grandes partidos y debo aclararles inicialmente que no soy optimista porque estoy convencido de que el Gobierno no ha cedido este acuerdo por convicciones, sino por obligación".
Aun así, no frenaron las voces críticas. Sobre todo la de Vox, que acusó al PP de "estafar" a sus electores porque votó a favor de regularizar a medio millón de personas, además de "salir al rescate de Sánchez cuando más débil estaba el Gobierno para facilitarle el reparto de los jueces". No obstante, el portavoz Tellado pidió que no se interpretase el pacto del CGPJ como un balón de oxígeno al Gobierno para facilitar su supervivencia, "porque no lo es; es un balón de oxígeno a la justicia española para garantizar su independencia", apuntó durante la aprobación del primer trámite en el Congreso.