Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha impugnado que el juez centre parte de sus pesquisas en indagar en torno a la Universidad Complutense de Madrid, donde codirigió una cátedra, al no venir en la denuncia que dio pie a la causa y de la que ha subrayado su falta de indicios.
La defensa de Gómez, ejercida por el exministro Antonio Camacho, ha recurrido la decisión del magistrado Juan Carlos Peinado de oír este viernes como testigos al actual vicerrector de Relaciones Institucionales de la universidad, José María Coello, y a su predecesor, Juan Carlos Doadrio. Porque, según su recurso, la denuncia de Manos Limpias no aludía ni al centro universitario «ni a ningún hecho indiciariamente constitutivo de delito producido en su seno».
El abogado dice que no alcanza a entender cuál es la aportación que ambos testigos pueden tener en los hechos que se investigan, que reitera que deben circunscribirse a los contratos públicos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés en los que la Audiencia Provincial de Madrid vio margen para investigar. Considera, por tanto, «impertinente» e «inútil» la declaración de ambos testigos.
El abogado argumenta que la causa «carecería de cualquier objeto» dado que los contratos que delimitó la Audiencia de Madrid fueron remitidos a la Fiscalía Europea, de modo que «no cabe que el instructor acuerde la práctica de ninguna diligencia». Y abunda en que los «múltiples documentos» aportados por las acusaciones y las declaraciones testificales practicadas «nada han añadido a la insuficiencia indiciaria» de la denuncia, además de subrayar que «dos amplios atestados» de la Guardia Civil no han hallado «atisbo alguno de irregularidades en los hechos investigados».
Citación
Gómez está citada a declarar hoy como investigada por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
La decana de los juzgados de Madrid, María Jesús del Barco, ha accedido de nuevo a que entre por el garaje y ha restringido el acceso a la planta en la que debe declarar después de que fuese grabada por personas que se identificaron como ayudantes de las acusaciones, pese a la prohibición de grabar.
Dos de las acusaciones personadas, la organización ultracatólica Hazteoír y Iustitia Europa, han recurrido dicho acuerdo gubernativo de la decana ante el CGPJ y han pedido su nulidad, mientras que Vox ha demandado conocer el coste de las medidas adoptadas en las comparecencias de Gómez.