Vox, Hazte Oír y Iustitia Europa, acusaciones populares de la causa en la que se investiga a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, han interpuesto sendas querellas contra Pedro Sánchez por un presunto delito de malversación. Todos ellos coinciden en señalar al jefe del Ejecutivo al considerar que ha utilizado dinero público y los medios de la Abogacía General del Estado al querellarse contra el juez que investiga a su esposa por un presunto delito de prevaricación. Vox ha ido más allá y ha anunciado este miércoles que su querella no solo se dirige contra Sánchez, sino también contra el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el abogado general del Estado, David Vilas Álvarez.
La formación de Santiago Abascal ha defendido esta decisión denunciando que Sánchez «sigue prostituyendo las instituciones» y «usándolas para su interés personal», criticando así que el presidente del Gobierno tramite su denuncia contra el juez a través de la Abogacía del Estado. «Sólo Vox seguirá haciendo todo lo posible para hacerle frente», ha asegurado en un mensaje en redes sociales el partido, que participa como acusación popular en la investigación a la mujer de Sánchez.
Por su parte, Hazte Oír, sostiene en su querella que Sánchez «ha destinado el patrimonio público y los medios de la Abogacía General del Estado a un fin estrictamente privado, reuniéndose los elementos típicos del delito de malversación». Para la asociación, está «claro que el querellado ha utilizado a la Abogacía del Estado para la defensa de intereses puramente particulares que nada tienen que ver con su condición de miembro del Gobierno o con lo legalmente previsto» en el ordenamiento. «Como ciudadano particular, y al margen de las críticas que pueda generar el hecho de que estamos ante un claro ataque contra la independencia judicial, es cierto que puede ejercitar las acciones penales que estime pertinentes. Lo que no es lícito es que instrumentalice instituciones del Estado para la defensa de intereses puramente particulares», sostiene.
Esta actuación, asegura Hazte Oír, «se enmarca en el contexto de una creciente injerencia del querellado en las distintas instituciones del Estado». «Llevando a cabo conductas que parecen traducirse en la frase 'el Gobierno soy yo'. La realidad es bien diferente, quedando las instituciones y fondos públicos sujetos a los fines de utilidad pública que les son propios, y no al servicio de intereses y caprichos puramente particulares», apostilla el escrito.
Por último, Iustitia Europa ha informado a través de una nota de prensa que ha interpuesto este mismo miércoles ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo una querella contra Sánchez «y otras autoridades implicadas por los supuestos delitos de prevaricación y malversación». El partido político, que acusa al presidente del Gobierno de tratar de «interrumpir la correcta instrucción» del 'caso Begoña Gómez', considera «que existen indicios racionales y bastantes que la conducta» de Sánchez, «de utilizar impropiamente a la Abogacía del Estado, es indiciariamente constitutiva de los ilícitos de prevariación y malversación». «Sánchez ha optado por utilizar medios públicos como es la Abogacía del Estado con el fin de urdir una estrategia procesal que proteja a su esposa de la investigación del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Es sin duda una querella instrumental que tiene como fin apartar al instructor del procedimiento judicial sin fundamento penal alguno», concluye.