El objetivo siempre fue adelantarse a la nueva oleada de migrantes de la que alertaban varias organizaciones de cara a finales de julio y principios de agosto. Con este fin, el Gobierno comenzó hace meses a trabajar en un plan que atajara la llegada de inmigrantes y asumiera la acogida de los menores. Sin embargo, no fue hasta mediados de julio —cuando la crisis ya era inasumible— cuando el Ejecutivo llevó su propuesta al Congreso. Pero con el rechazo del PP, que exigía cambiar lo que considera un "parche" por un plan "integral" que contara con las comunidades, en su mayoría gobernadas por los populares.
El debate copó las portadas durante semanas, los dos grandes grupos se enredaron en críticas constantes... y los migrantes irregulares seguían llegando a las costas canarias sin recursos suficientes para ser atendidos. El plan no contó con el respaldo parlamentario y aun así el Gobierno y el PP se van de vacaciones sin un acuerdo para una emergencia que en 2024 ya acumula (entre enero y julio) 21.470 migrantes llegados a Canarias por vía marítima, casi 13.000 más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un 152% más.
Unos y otros se echan las culpas. Lo cierto es que el PP asegura no haber recibido ni una llamada ni intentos de contactos por parte del Gobierno, que hace un par de semanas miraba a la crisis migratoria como un problema de primer orden y acusaba a la oposición de no ponerle remedio. El Ejecutivo busca un plan B, aunque insiste en que la única solución real es la modificación legislativa para hacer obligatoria la reubicación de estos menores migrantes, para lo que necesita del apoyo parlamentario del PP, ya que uno de sus socios de investidura, Junts, le dejó en la estacada.
Eso sí, los populares mantienen las mismas exigencias a las que el ministro Ángel Víctor Torres se negó este mes de julio: la declaración de emergencia migratoria a nivel nacional, la convocatoria inmediata de la Conferencia de Presidentes, la implicación de todos los ministros a los que les afecta el debate migratorio y un compromiso de financiación real del coste de los menores hasta su emancipación.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció esta semana que efectivamente habrá una Conferencia de Presidentes el próximo mes de septiembre, aunque adelantó que el tema central de trabajo será la política de vivienda. Una vez más, reclamó al PP que reconsidere su posición y apueste por reformar la ley de extranjería para hacer obligatoria la reubicación de menores migrantes en las comunidades cuando los medios de atención de un territorio estén saturados. No mencionó nada de un posible plan B.
Los populares también exigen una política de Estado en colaboración con Europa y los países de origen que pueda frenar "las salidas jugándose la vida y las llegadas a España de forma irregular", y que el Gobierno central atienda con sus propios recursos la atención y gestión de los menores cuando las comunidades se vean sobrepasadas. El PP mantiene su argumento de que el Gobierno no tiene interés real para llegar a un acuerdo. Por un lado, porque los únicos contactos que se han producido entre ellos ha sido mediante WhatsApp y por otro, porque cuando el Gobierno persigue un fin sabe cómo recompensarlo. "Ellos ceden siempre con sus socios y no con el principal partido de España, que ha demostrado más solidaridad y más sentido de Estado", denuncia la oposición días después de que el PSOE haya acordado con el ERC un concierto económico en Cataluña a cambio de investir a Salvador Illa.
El PSOE se mantiene en sus trece y pide al PP que "reflexione", al tiempo que le acusa de comprarle el discurso a Vox ya que el propio líder Alberto Núñez Feijóo ligó la inmigración con la inseguridad, como también hace Junts, otro de los socios de Sánchez que votó en contra de modificar la ley de extranjería. Este miércoles, el ministro responsabilizó al PP de "que que esta ley no haya caminado" y le urgió a "cambiar de postura". No obstante, evitó avanzar qué modificaciones está realizando sobre su proyecto para que cuente la próxima vez con el respaldo parlamentario.