La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha señalado que «ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces» sobre cómo aplicar la ley, por lo que ha reclamado a los partidos políticos que «respeten el trabajo de los jueces».
Perelló se ha referido así en el acto de apertura de Año Judicial que se celebra en el Tribunal Supremo, presidido por el Rey, apenas 24 horas después de tomar posesión de su cargo, la primera vez que una mujer ostenta la presidencia del alto tribunal en mas de 200 años de historia, lo que ha calificado de «hecho histórico».
La presidenta ha utilizado su primer discurso para hacer un alegato en defensa de la independencia judicial y para dejar claro que «ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar» la ley, al tiempo que ha pedido «salvaguardar la independencia judicial frente a posibles injerencias externas».
La nueva presidenta del Poder Judicial ha dicho que «las resoluciones judiciales son susceptibles de crítica» y que «la discrepancia es posible, habitual, incluso podría decirse que es inherente al debate jurídico», pero «críticas y discrepancias nada tienen que ver con la descalificación o el insulto».
Así, «en esta nueva etapa que hoy se inicia», ha hecho «un llamamiento a las diferentes fuerzas políticas y a los poderes del Estado para respeten el trabajo que los jueces y magistrados realizan», a los cuales ha pedido «evitar ataques injustificados». Porque «las posibles irregularidades que pudieran producirse en el ejercicio de la función jurisdiccional tienen sus propios mecanismos de corrección» a través de la ley. Además, ha reconocido la «ingente» tarea que tiene por delante con cerca de un centenar de nombramientos de la cúpula judicial pendientes, 27 de ellos en el Tribunal Supremo cuya situación actual «es muy delicada», una labor que se antoja «esencial» y que se ha comprometido a realizar «con rigor, transparencia y respetando estrictamente los principios de mérito y capacidad».
«Tenemos la obligación de garantizar que el sistema de selección de magistrados nos lleve a la elección de los mejores profesionales» ha añadido Perelló, que ha destacado que «el nuevo Consejo está preparado» para afrontar este desafío. Por otra parte, Perelló ha destacado la importancia que supone su nombramiento porque «es la primera vez que una mujer es elegida» para presidir el Poder Judicial y el Tribunal Supremo, lo que supone «un paso más en el paulatino proceso de reconocimiento de la importante labor de las mujeres» en la Justicia.
De esta forma ha valorado su elección como «un reconocimiento a todas las mujeres que trabajan en la Administración de Justicia cualesquiera que sean las funciones que desarrollen». Ha recordado que nació «en una España en el que las mujeres no podían acceder a la carrera judicial» y ahora son «mayoría», si bien ha advertido de que «queda mucho camino por recorrer» porque «las mujeres siguen siendo minoría en los altos cargos judiciales». Así quiere recordar este día: «Hoy tiene que ser un día de reconocimiento y agradecimiento a todas las mujeres de nuestro país que a lo largo de la historia han luchado por la defensa del derecho a la igualdad y por acabar con de la inmerecida invisibilidad a la que se han visto sometidas las mujeres en los distintos ámbitos de la vida profesional y social».
DELITO DE PREVARICACIÓN 1ºB.- Comete delito de Prevaricación el Gobierno que para seguir Gobernando , comprase los votos de otros partidos o de miembros de partidos que le sirvan para Gobernar o seguir Gobernando, si pagase con dinero público o privado, así como con cualquier prebenda o cesión de competencias a priori o a futuro, que beneficie a las comunidades donde pertenezcan los comprados. Igualmente cometerán delito de prevaricación los partidos que intenten formar Gobierno, si incurren en los supuestos del párrafo 1ºB. Este delito será castigado con penas de tres a seis años para el que compra, así como para el que se vende, sin posibilidad de reducción de pena y no serán amnistiados, ni las cesiones serán aplicables en las comunidades a cual fuesen hechas. El Gobierno, así como los partidos, podrán solicitar el apoyo de otros políticos, para gobernar o formar gobierno siempre que no medie precio o cesión alguna Este párrafo añadido a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, soluciona el problema independentista y el de Gobiernos como el actual.