La Audiencia Nacional ha condenado a siete años de cárcel al exvicepresidente y exconsejero madrileño Alfredo Prada como autor de un delito continuado de prevaricación y de malversación agravada en la causa referida al fallido Campus de la Justicia, y a que indemnice a la Comunidad de Madrid con 40,4 millones de euros, solidariamente junto a otros tres condenados.
Según ha informado este martes el tribunal, la Sección Primera de la Sala Penal la Audiencia Nacional ha condenado a siete años de cárcel al exvicepresidente y exconsejero de Justicia en relación con 24 contratos -por un total de 40 millones- en la construcción del Campus de la Justicia entre los años 2005 y 2011.
La Sala condena por el mismo delito, como cooperadores necesarios, a penas de 3 años y 6 meses de cárcel a cuatro empleados que formaron parte del equipo directivo de este proyecto: Isabelino Baños (director general técnico), Alicio de las Heras (director financiero), Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad) y Félix José García de Castro (letrado asesor). El sexto acusado, Mariano José Sanz, es absuelto porque el tribunal entiende que el máster del que disfrutó fue pactado en concepto de indemnización por su despido.
Para todos los condenados, la Sala ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas. A todos los acusados se les absuelve del delito de fraude contra las administraciones públicas que les atribuían las acusaciones ejercidas por el Ministerio Fiscal y la Comunidad de Madrid. Pero la sentencia condena a Alfredo Prada, Isabelino Baños, Alicio de las Heras y Andrés Gómez Gordo a indemnizar conjunta y solidariamente a la Comunidad de Madrid en la cantidad de 40.482.735 euros y subsidiariamente en defecto de los anteriores responderá civilmente por dicha cantidad Félix García de Castro.
En su sentencia, de más de 200 páginas, la Sala explica que los acusados, todos ellos miembros de la mesa de contratación, llevaron a cabo una intensa actividad en la que obviaron toda previsión económica, prescindieron de cualquier estudio de costes, eludieron los controles administrativos prescindiendo de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid. Los contratos suscritos se alejaron cada vez más del objeto social y la construcción de una Ciudad de la justicia «dejó de ser el objetivo principal» para convertirse «en un pretexto o excusa para celebrar todo tipo de contratos» cuyo objeto se halla más en publicitar el proyecto del Campus que en la propia ejecución.
Detalla la sentencia que hubo «absoluta falta de relación entre la actividad contratada y la ejecución del proyecto», y pone de relieve «su excesivo coste, que supera completamente la capacidad económica de la sociedad» y «su inutilidad de cara al objeto social», así como su «inadecuación para la fase de desarrollo del proyecto». Para los magistrados, el dinero «se distrajo de su legítimo fin hasta el punto de que el proyecto, la construcción del Campus de la Justicia de Madrid, nunca se hizo realidad y el gasto excesivo empleado en la contratación fue una de las causas del fracaso del proyecto».
Para la Sala, la participación de Alfredo Prada en los 24 contratos investigados está sobradamente acreditada, no solo porque es él quien firma los contratos en representación de CJM, sino también porque tiene una participación decisiva en la elección de los adjudicatarios prescindiendo del procedimiento administrativo. La sentencia explica que fue Alfredo Prada quien acudió a Londres para entrevistarse con Norman Foster en los pasos previos a la contratación y quien decidió contratarlo sin justificación alguna.