La proposición de ley acordada entre PSOE, Sumar y EH Bildu para reformar la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, se ha registrado este viernes en el Congreso con el apoyo de ERC, PNV y BNG.
Con el registro de la iniciativa firmada por estos seis partidos, la reforma de la ley mordaza, en vigor desde hace más de nueve años, encarará su tercer intento de modificación tras dos fracasados en marzo de 2023 y abril de 2019, de forma que en las próximas semanas podría iniciar su tramitación parlamentaria con el debate de su toma en consideración en el pleno del Congreso.
La proposición de ley recupera los acuerdos de la pasada legislatura que, sin embargo, no fueron suficientes para sacar adelante la reforma que fracasó hace un año y añade el pacto alcanzado por PSOE, Sumar y EH Bildu sobre los artículos polémicos que no se lograron consensuar en 2023. En su exposición de motivos, el texto defiende que la seguridad debe ser «un instrumento al servicio de la garantía de los derechos y libertades y no un fin en sí mismo» y resalta que cualquier incidencia o limitación en el ejercicio de libertades por razones de seguridad debe ampararse en el principio de legalidad y proporcionalidad.
Tras años de trabajos en ponencia y bloqueos de la reforma, la ley que sustituirá a la actual, aprobada en 2015, tiene ya más visos de prosperar una vez que comience la tramitación de esta iniciativa que incluye el derecho de manifestación espontánea; la reducción de las cuantías de las sanciones en sus tramos máximos; la incorporación al criterio sancionador la capacidad económica del infractor o las sanciones reparadoras.
La iniciativa también prevé la eliminación de las sanciones al top manta y reduce las de tenencia de cannabis. Pero, sobre todo, propone cambios en los cuatro artículos más polémicos: material antidisturbios (artículo 23); desobediencia y resistencia (36.6), las faltas de respeto a la autoridad (37.4) y devoluciones en caliente (disposición adicional).
Respecto a las pelotas de goma, la proposición prevé una disposición adicional para que se desarrollen protocolos de acuerdo con los estándares internacionales a fin de que de forma progresiva se supriman del material antidisturbios las pelotas de goma y sean sustituidas por medios menos lesivos. También pretende también acabar con las sanciones «injustificadas o basadas en interpretaciones subjetivas» en las faltas de respeto a la autoridad.
Así, se considerarán infracción leve «los insultos o injurias cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal». Además, según justifican los promotores de la iniciativa, «se establece que la desobediencia debe ser manifiesta, clara y objetivable, y que será sancionable solo cuando esté ajustada a una orden legal, ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico, impidiendo la discrecionalidad sobre requerimientos y sanciones».
De este modo, el artículo correspondiente quedaría así: Será infracción leve «la desobediencia manifiesta y clara a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando se trate de la negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico y cuando no sea constitutiva de infracción penal». También lo será «la resistencia a la autoridad o sus agentes utilizando oposición corporal cuando se trate de la negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico, y cuando no sea constitutiva de infracción penal».
Asimismo, se considerá infracción leve «la negativa manifiesta y clara a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes, o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación, y cuando no sea constitutiva de infracción penal». Otro de los aspectos que incluye la iniciativa se refiere a las devoluciones en caliente, una disposición adicional que se incluyó en la ley de 2015.
Según el texto registrado este viernes, seis meses después de la entrada en vigor de la nueva ley de seguridad ciudadana se abordará la reforma de la Ley de Extranjería con una nueva disposición que «deberá reconocer y garantizar los derechos de las personas migrantes y asegurar que las solicitudes de asilo se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa de Derechos Humanos y protección internacional». «En consecuencia -añade le texto acordado-, la certificación e identificación de las personas potencialmente solicitantes de asilo y la evaluación sobre su acceso a las solicitudes de protección internacional deberá realizarse en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos previamente al proceso de posible expulsión».