El exsecretario de Estado de Seguridad y 'número dos' del PP en el primer Gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, ha señalado este martes en el Congreso que «niega categóricamente» las acusaciones de que ordenó que se investigara de forma ilegal a dirigentes de Podemos como Pablo Iglesias o Irene Montero.
También ha defendido que la Policía se centró en «presuntos ilícitos de corrupción» que afectaban a políticos catalanes, y que si hubo «fuentes poco solventes» esto se dirime en los procedimientos judiciales. En su intervención ante la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la 'Operación Cataluña', Francisco Martínez ha apuntado que la acusación de que participó en una investigación ilegal a Podemos son «hechos que niega categóricamente». «Evidentemente, cuando tenga ocasión de hacerlo, también lo negaré en sede judicial», ha dicho en referencia a su citación en la Audiencia Nacional en una investigación que instruye el juez Santiago Pedraz.
«Existe en este momento un proceso judicial abierto precisamente por los hechos a los que usted ha hecho referencia», ha señalado en respuesta a la portavoz de Podemos y exministra, Ione Belarra. El exsecretario de Estado con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior se ha justificado en su intento de «proteger su derecho de defensa».
Sobre las indagaciones que afectaron a dirigentes catalanes como Xavier Trias o la familia de Jordi Pujol, el exsecretario de Estado lo ha encuadrado en «investigaciones que estaban relacionadas con actuaciones o con presuntos ilícitos de corrupción, no con otra cosa». «Y si ha habido fuentes poco solventes, eso se dirime dentro del proceso», ha precisado. A preguntas de Junts y ERC, Martínez ha indicado que esas investigaciones que afectaron a políticos catalanes o «se archivaron todas o aún no hay sentencia firme», insistiendo que dentro del «terreno operativo» hay otras muchas investigaciones de la Policía y de los tribunales de justicia que luego terminan sin concretarse. «No creo que sea ni muchísimo menos sólo en asuntos relacionados con investigaciones a personas de Cataluña», ha sostenido Francisco Martínez.
La diputada de Podemos le ha acusado de «encargar personalmente a la Policía que investigara ilegalmente 121 veces a Pablo Iglesias», así como 28 veces sobre Irene Montero y otras 13 sobre la propia Ione Belarra, lo que contribuyó al «desprestigio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». «Cuando se aclare, porque el juzgado ha pedido que se aclare, me temo que se van a llevar ustedes una cierta decepción en eso que han querido construir como una gran operación de buscarles a ustedes cosas», ha señalado.
El ex 'número dos' de Interior ha relacionado estas búsquedas con gestiones policiales que se hacen con «todos los ciudadanos». «Si se van a renovar el DNI, pues se les mira; si les paran en un control de tráfico de la Guardia Civil, pues se les pide la documentación; si se les identifica por la razón que sea, pues se les pide la documentación», ha dicho. «A mí me ha pasado, siendo secretario de Estado y siendo diputado, y nunca se me ha ocurrido pensar que eso era una conspiración de nadie; si me pide la Guardia Civil mi carnet de conducir, pues se lo doy y hace una búsqueda», ha insistido en contestación a Podemos y Sumar.
En este sentido, Francisco Martínez ha afeado que Ione Belarra haya recurrido a unos chats de conversaciones privadas que fueron expurgados del procedimiento abierto en el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional. Belarra se ha referido a los chats entre Francisco Martínez y el excomisario Enrique García Castaño refiriéndose a los antecedentes penales sobre diferentes dirigentes de Podemos, citando frases como que llegó a decir: «Cago en la puta, alguno tiene que ser chungo». Martínez ha recordado que esos chats fueron expurgados por un auto de la Audiencia Nacional que «no fue ni recurrido» por Podemos y en el que se «prohibía el acceso» a esas comunicaciones privadas.
En este sentido, ha dicho que «no se reconoce» en ninguna de las conversaciones atribuidas al excomisario José Manuel Villarejo. Además, ha acusado a Podemos de «filtrar los chats» con «cinco años de conversación» con su esposa en los que trató problemas médicos y asuntos relacionados con sus hijos o su padre. «No me hable de hacer escarnio público con cuestiones personales que tengo mucha experiencia, muy a mi pesar», ha comentado Martínez. Martínez ha insistido en este idea después de que el PSOE le acusara de filtrar información desde el Gobierno de Rajoy. «Tengo mucha experiencia sobre filtraciones que me han afectado en términos muy duros», ha contestado, indicando que esto ha podido pasar «a lo mejor» también desde el Ejecutivo o desde el PSOE.
Tanto Podemos como otros grupos como EH Bildu le han preguntado por quién ordenó esas investigaciones, a lo que Martínez ha contestado señalando que él sólo participó de «reuniones todas en el Ministerio del Interior que tenían como finalidad los fines del Ministerio del Interior». Según Martínez, Interior en aquella etapa entre 2013 y 2016 se centró en «la prevención y la investigación de los delitos que corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y que, evidentemente, tienen una dirección política que realiza el ministro y los cargos públicos del departamento».
Martínez se ha limitado a decir que su relación con el exministro Jorge Fernández Díaz es distante --«nuestros caminos no se han vuelto a cruzar», ha dicho--, después de que ERC le recordara que la Fiscalía pide para ambos 15 años de prisión por la trama del 'caso Kitchen' relacionada con la intervención de documentación del extesorero del PP Luis Bárcenas. Dicho esto, ha rebatido a ERC que el ministro del Interior «tenga que responder de lo que haga cualquiera de los setenta y pico mil policías, ochenta mil guardias civiles o veinticinco mil funcionarios de prisiones», en este caso al ser preguntado por algunas de las gestiones atribuidas a José Manuel Villarejo. También ha negado, a preguntas de ERC, que el Ministerio del Interior del primer Gobierno de Rajoy tuviera «nada que ver» con las sanciones de la Banca Privada Andorrana (BPN) y ha sostenido que, para él, el independentismo no es por sí mismo un riesgo, matizando que la «amenaza es si se incumplen las leyes y sentencias».
Desde Vox, Ignacio Gil Lázaro ha apuntado que ellos «dan por sentado» que las investigaciones contra los partidos separatistas se hicieron «con respeto absoluto al ordenamiento vigente», aunque ha lamentado que pese a ello los independentistas «dieron el golpe» y el expresidente catalán Carles Puigdemont sigue fugado. Vox ha conectado la creación de la comisión de investigación en el Congreso con un «montaje y pago a terceros» del PSOE a los partidos independentistas para que, a cambio, apoyaran la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El diputado del PP Rafael Hernando también ha puesto en duda el objeto de la comisión de investigación al inicio de la sesión parlamentaria, insistiendo en que es un «trampantojo» para contentar a Puigdemont, en lugar de centrarse el Congreso en el uso de Pegasus contra el independentismo o en operaciones recientes la