El Gobierno ha celebrado este miércoles un acto de homenaje al activista Salvador Puig Antich, último ajusticiado a garrote vil en el franquismo en marzo de 1974, hace cincuenta años, y ha entregado a su familia un documento con la declaración de «reconocimiento y reparación».
«Hace 50 años estamos luchando por la dignidad de nuestro hermano Salvador. Estamos emocionados, no tenemos palabras», ha dicho Inmaculada Puig, hermana de Salvador Puig, que ha hablado en el acto en representación de su familia. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha entregado la declaración a Inmaculada y las otras tres hermanas del activista presentes en el homenaje, celebrado en la sede en la Ministerio y al que han acudido también el secretario de Estado de memoria democrática, Fernando Martínez, y el diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro.
«Salvador Puig Antich fue una víctima, sus familiares también, lo perdieron muy joven. Desde el Ministerio decirles que sé que es un día agridulce, llevaban esperando para esto 50 años, demasiado tiempo, pero es un gesto que saben apreciar porque supone colocar las coas en su sitio», ha dicho el ministro.
Torres ha asegurado que una democracia «no es completa si no se repara» a las víctimas y no se da difusión pública, y ha señalado que el propio Salvador Puig Antich sabrá «desde el lugar en el que esté» que «hoy de cierta manera se hace justicia». Salvador Puig Antich, militante anarquista y antifascista, fue ejecutado en el centro penitenciario de la Modelo de Barcelona el 2 de marzo de 1974 a los 25 años tras ser condenado a muerte por un Consejo de Guerra por el homicidio de un subinspector de policía en Barcelona en el tiroteo que se registró durante su detención.
Con la declaración entregada este miércoles a su familia y firmada por el ministro, el Gobierno certifica la reparación de Salvador Puig Antich «por la persecución y violencia padecidas por razones políticas, ideológicas y de conciencia durante la dictadura, y el reconocimiento a su condición de víctima por haber sido condenado a pena de muerte». La Ley de Memoria Democrática de 2022 defiende la reparación de las víctimas del franquismo y, además, declara nulas las sentencias y resoluciones que se dictaron durante el franquismo, algo que este miércoles se ha oficializado en el caso concreto de Salvador Puig Antich.