La decisión del Tribunal Supremo de abrir causa al fiscal general, Álvaro García Ortiz, es el último capítulo de una historia que comenzó el pasado mes de enero con otro protagonista, cuando Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, admitió un fraude a Hacienda para evitar ir a juicio.
Cinco magistrados de la Sala de lo Penal han visto indicios de revelación de secretos en el fiscal general y en la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, en relación a la difusión de datos sobre esta investigación por presunto fraude del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que García Ortiz siempre ha enmarcado en el deber del ministerio público de informar y de desmentir «bulos».
A la espera de conocer la imputación formal que debe concretar el juez que está a cargo de la causa, Ángel Hurtado, estos son los acontecimientos que han derivado en la primera investigación penal a un fiscal general.
Una investigación y una propuesta de pacto al fiscal
El pasado 23 de enero la Fiscalía de Madrid abrió diligencias para investigar una denuncia de la Agencia Tributaria que apuntaba a un presunto fraude fiscal y falsedad documental de Alberto González Amador y otros empresarios. Diez días después, el abogado de González Amador ofreció, mediante un correo electrónico enviado a la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía, un pacto con el fiscal por el que reconocía los delitos a cambio de una eventual rebaja en la petición de condena, algo habitual en este tipo de causas.
En dicha comunicación, su abogado indicaba que el empresario «acepta íntegramente» la comisión de dos delitos relativos a los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, y proponía aceptar ocho meses de cárcel y pagar unos 525.000 euros para evitar ir a juicio.
Tras un cruce de correos entre el fiscal y el abogado, el primero interpuso una denuncia ante los juzgados contra González Amador y otros cuatro empresarios el 13 de febrero. La difusión de informaciones y una nota con «aclaraciones»
Desde el 12 de febrero, según hacía constar la Fiscalía en su informe oponiéndose a la apertura de una causa contra García Ortiz, diversos medios de comunicación se fueron haciendo eco de la investigación por presunto fraude fiscal a González Amador. Alguna de las informaciones apuntó a que la Fiscalía había sido la que había propuesto al empresario un pacto de conformidad.
El 14 de marzo, la Fiscalía de Madrid difundió a los medios un comunicado con «aclaraciones» sobre el caso «ante las informaciones publicadas en varios medios de comunicación», en el que, tras relatar la cronología de los hechos, indicaba que «el único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal, que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado» de González Amador.
El Tribunal Superior de Justicia comienza a investigar
La difusión de dicho comunicado provocó que la pareja de Isabel Díaz Ayuso y el Colegio de la Abogacía de Madrid denunciasen a la fiscal provincial y al fiscal del caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que terminó abriendo una causa.
Tras meses de pesquisas y de citar a declarar a los intervinientes, entre ellos varios fiscales, Álvaro García Ortiz asumió en un escrito la responsabilidad «última» de aquella nota de prensa. Ese comunicado, dijo el fiscal general, no se habría publicado sin su previa autorización e instrucciones «expresas y directas», y lo que perseguía era «poner fin a un bulo y amparar a un compañero y extraordinario fiscal» y cumplir con la obligación del ministerio público de ofrecer información veraz a la ciudadanía. Este movimiento del fiscal general permitió al juez del caso elevarlo al Tribunal Supremo, dada su condición de aforado.
Primera causa penal a un fiscal general
El Tribunal Supremo ha acordado abrir una investigación penal a García Ortiz en un auto en el que aclara que, «aparentemente, no hay información indebidamente revelada» en dicho comunicado, como siempre ha defendido la Fiscalía.
Sin embargo, apunta a su vez a que el fiscal del caso declaró que, antes de aquella «controvertida» nota de prensa, los correos entre él y el letrado de González Amador «fueron revelados», y que estos estaban en poder del fiscal general y la fiscal jefa provincial. Considera el alto tribunal que se deben investigar «extremos relevantes y necesarios» como la forma en que «tuvieron acceso los medios de comunicación a los correos, horas antes a dar publicidad a la nota informativa».
La teniente fiscal del Supremo defendió en su informe que el correo del letrado del empresario se envió a una «dirección genérica» a la que tienen acceso «más de doce fiscales y cuatro funcionarios», que no constituye material probatorio, y que hubo informaciones que citaban a «fuentes próximas a la defensa» como «origen de la información».
Al margen del Supremo, una jueza investiga el presunto fraude
Más allá del procedimiento penal al fiscal general, una jueza de Madrid investiga la denuncia que el 13 de febrero presentó la Fiscalía contra González Amador y cuatro empresarios. La jueza abrió diligencias en marzo y ha citado a declarar sin éxito hasta en dos ocasiones a los investigados. En una de ellas, González Amador acudió a los juzgados de Plaza de Castilla y salió horas después de aplazarse su cita, tratando de esquivar a la prensa.
Se investiga un posible fraude de 350.951 euros entre 2020 y 2021 y una posible trama de facturas falsas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer por la entidad Maxwell Cremona S,L., de la que González Amador es administrador.
MikiLos millones de euros que sigue repartiendo el actual presidente de Andalucía con el mismo mecanismo, entonces, también son corrupción? Luego dicen que les han engañado cuando aprueban leyes que no se han leído