Un total de 52 presos de ETA podrán acogerse previsiblemente a la modificación de la Ley Orgánica 7/2014 que permitirá convalidar las condenas que han cumplido en otros países como Francia, según ha informado este jueves Sare, la plataforma de apoyo a los presos etarras. Además, cifran en siete los condenados por terrorismo que deberían ser excarcelados este mismo año.
Sare ha apuntado a la posibilidad de que los reclusos afectados «puedan reclamar responsabilidad patrimonial» y ha precisado que, de ellos, 48 se encuentran en centros penitenciarios vascos y cuatro en cárceles francesas, con procedimientos abiertos en España. En total, tal como ha precisado, en la actualidad son un total de 144 los reclusos de la banda que cumplen condena en diferentes regímenes.
Los portavoces de Sare, Joseba Azkarraga y Begoña Atxa, han realizado una rueda de prensa para valorar la modificación de la ley «conforme a la directiva europea», y que fue aprobada después de que PP y Vox votaran a favor en el trámite parlamentario en el Congreso, si bien luego han tratado de paralizar la norma en el Senado. Los representantes del colectivo de apoyo a los presos de ETA han apuntado a que sus estimaciones, realizadas «con cautela» porque será cada preso el que tendrá que solicitarlo, señalan que son 52 los reclusos que podrán acogerse a esta reforma legal, precisando que siete de los cuales ya habrían cumplido su condena cuando se acumulen las penas.
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) cifró en 44 el número de presos que se podrían beneficiar de la reforma y también señaló que serían siete los excarcelados de forma inmediata. Azkarraga ha explicado que 15 presos que están hoy en día en libertad «podían haber salido ya hace años de prisión» aplicando esta acumulación de penas, para censurar que «no hay reparación por la parte de libertad que perdieron».
En todo caso, ha precisado que ofrecen estos datos «con cautela», ya que la aplicación de la nueva norma «no se puede calcular de manera precisa», al «producirse en estos últimos diez años vicisitudes de todo tipo, que alteran o modifican el efecto de la aplicación». Joseba Azkarraga ha aclarado que, una vez la ley esté publicada en el BOE, será «cada preso quien pedirá a la Audiencia Nacional el cómputo de las penas», lo que «va a llevar un trabajo», por lo que ha pedido que el proceso «no se dilate de manera torticera» por parte de este tribunal, «y se proceda con agilidad, ya que se han realizado suficientes daños ya por los años de cárcel duplicados».
Atxa, por su parte, ha apuntado a la posibilidad de que las personas afectadas por «la duplicidad» de penas «puedan reclamar responsabilidad patrimonial» por haber pasado más años en la cárcel. «Se abre esa puerta. Aunque Sare, como asociación, no lo solicitará, puede pedirlo cada preso individualmente», ha especificado.
Sare ha celebrado que la modificación de la ley permita «poner fin a la arbitrariedad de tener que cumplir dos veces la condena impuesta» y ha negado tajantemente que los presos vayan a ver «reducidas» sus condenas. «Las Cortes han cumplido su cometido tarde, para poner fin a una arbitrariedad manifiesta. Es absolutamente falso que los presos vayan a ver rebajado el tiempo de su condena impuesta por los tribunales, lo que se hace es poner fin a la arbitrariedad de tener que cumplir dos veces la condena impuesta en Francia y España», ha manifestado Azkarraga, para recalcar que «no hay reducción de las penas impuestas».
Asimismo, ha comentado que «es mentira que se finalice el castigo». «Lo que acaba es la decisión arbitraria, algunos presos llevan varios años de propina. El perjuicio generado no tiene solución alguna, ya que el daño ya está hecho», ha añadido. Azkarraga ha expuesto que la modificación de la ley supone «volver a la normalidad jurídica a la que no se accedió hace 10 años, simplemente porque una determinada voluntad política provocó que la redacción de la ley no se acomodara a lo que la directiva europea exigía». «Ahora, el Estado español dispone de una normativa de transposición correcta, ajustada a la filosofía de las normas europeas, y ello debería ser motivo de satisfacción para todo ciudadano con sensibilidad democrática. Si ello acarrea una mejor situación para determinadas personas, es una simple consecuencia de una ley justa», ha argumentado.
Bochornoso espectáculo
Sare ha criticado al PP por su «manera torticera» de actuar y «el bochornoso espectáculo» que dio en las Cortes Generales. «La derecha demuestra frivolidad e irresponsabilidad en la manera con la que trata el dolor de estas personas, solo por la rentabilidad política que les puede generar. Es hora de dejar el comodín de ETA», ha reclamado Azkarraga. También ha explicado que «la modificación de la ley no solo afecta a los presos de ETA», sino «a otros presos, por lo que la actitud del PP en este debate es por lo menos confusa».
Por otro lado, Sare ha demandado a la Administración Penitenciaria vasca a «no demorar las resoluciones de las propuestas de los presos en situación de acceder al tercer grado» en aplicación a la normativa, ya que «cada día que pase serán días de más que se van cargando a la condena impuesta por los tribunales».
Además, ha destacado «la importancia de continuar desarrollando el modelo penitenciario vasco, uno de cuyos principales objetivos es abordar el cumplimiento de las penas de prisión en otras modalidades que no sean las de estricto cumplimiento en prisión, entre rejas». El colectivo de apoyo a los presos de ETA ha reclamado la derogación de la Ley Orgánica 7/2013, al tratarse de «una ley de excepción que condena de por vida a los presos, obligándoles al cumplimiento íntegro y efectivo de penas de hasta 40 años». Por último, ha realizado un llamamiento a la sociedad para secundar la manifestación del próximo 11 de enero y que «la inmensa mayoría muestre que todavía hay que modificar algunas situaciones».