El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves una moción de Vox en la que se exigía al Gobierno que pusiese fin a lo que ellos consideran que es una «ocupación» de las principales instituciones del Estado, entre las que incluían la Corporación de RTVE, el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía.
En concreto, la iniciativa impulsada por los de Santiago Abascal solo ha contado con el respaldo de su grupo parlamentario, ya que el PP y UPN han optado por abstenerse mientras que el PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Junts, Podemos, BNG, Coalición Canaria y el exministro de Fomento, José Luis Ábalos, se han posicionado en contra. La iniciativa, que fue debatida el pasado martes 29 de octubre y cuya votación fue pospuesta por la DANA, buscaba exigir al Ejecutivo que pusiese fin a la «intolerable» situación de deterioro institucional y proponían para ello la convocatoria de elecciones a Cortes Generales.
Aún así, exigían también abandonar la, a su juicio, «inaceptable» actitud de promover la «ocupación» de las principales instituciones del Estado con personas afines a los partidos que lo soportan en esta Cámara.
Para ello, en el resto de puntos de la iniciativa, desde Vox reclamaban varias medidas con el fin de asegurar, según Vox, la «independencia» de las principales instituciones del Estado. Por un lado, en lo relativo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), abogaban por promover una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que los doce vocales de origen judicial de dicho órgano sean elegidos mediante voto «personal, igual, directo y secreto» de los propios jueces y magistrados.
También pedían imponer la observancia exclusiva del criterio de antigüedad en la carrera con arreglo a su escalafón para la adjudicación de plazas en el Tribunal Supremo y en las presidencias de los Tribunales de Justicia. Los de Santiago Abascal también querían que el Congreso se volviese posicionar sobre la decisión del Gobierno de modificar las actuales mayorías parlamentarias necesarias para la renovación del Consejo de Administración de RTVE.
Por ello, en la iniciativa, incluían también un punto para exigir la derogación del real decreto aprobado por el Gobierno para renovar de manera urgente el Consejo de RTVE al considerar que supone el «control político» de la radiotelevisión pública en España que debe de prestar servicios desde la neutralidad. En lo relativo a la Fiscalía, Vox había incluido también varios puntos en su moción sobre la continuidad del actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, y la necesidad de adoptar medidas para garantizar la idoneidad e imparcialidad del órgano.