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¿Qué va a pasar con el paquete fiscal del Gobierno?

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (d), conversa con el diputado socialista Santos Cerdán (i) y el portavoz del PNV en el Congreso Aitor Esteban (c, de espaldas). | Efe - FERNANDO VILLAR

| Madrid |

El PSOE ha vuelto a retrasar la votación en el Congreso del paquete fiscal del Gobierno para dar más tiempo a la negociación, aunque sus socios mantienen posiciones alejadas que hacen difícil el acuerdo. Estas son algunas claves.

¿Qué se votaba este jueves? La Comisión de Hacienda del Congreso iba a debatir este jueves la ley que traspone la directiva europea que establece un tipo mínimo para las multinacionales y las enmiendas que los diferentes grupos habían presentado a esta norma. Entre esas enmiendas se encuentra una batería de medidas fiscales propuestas por el PSOE, que van desde el impuesto a la banca hasta subir la fiscalidad del diésel, del tabaco o reforzar la lucha contra el fraude en el sector de los hidrocarburos.

¿Quiénes apoyan las medidas y quiénes se oponen? El PSOE había pactado las medidas tributarias con PNV y Junts, que garantizó su voto a cambio de dejar caer el impuesto sobre las energéticas. Posteriormente logró el acuerdo de Sumar, que aunque no renuncia al impuesto energético, accedió a comprometer su voto a cambio de otras reivindicaciones, como gravar los seguros de salud privados o los bienes de lujo.

Por su parte, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG, socios habituales del Gobierno, se niegan a apoyar el paquete fiscal a menos que se mantenga el impuesto energético. El Gobierno ha intentado buscar un acuerdo entre todas las partes, pero la postura de Junts, que se niega a modificar el pacto inicial, es irreconciliable con las de ERC y Podemos.

¿Cuáles son los siguientes pasos? Con el retraso de la Comisión de Hacienda hasta el lunes, el Gobierno gana unos días para continuar negociando, aunque sus socios están muy descontentos por la forma en que se ha abordado esta cuestión: un pacto bilateral inicial con algunas formaciones y búsqueda de apoyos posterior. Si el trámite parlamentario continúa con normalidad, la comisión votará el lunes el texto de la ley, la transposición de la directiva, que previsiblemente saldrá adelante después de que el PP se haya mostrado dispuesto a apoyarla.

También se votarán las enmiendas, que si son aprobadas quedarán incorporadas al texto. Posteriormente, la ley pasará al Pleno (previsiblemente también la próxima semana), que volverá a debatir y votar las enmiendas que hayan sido rechazadas en comisión pero que queden vivas y que, por lo tanto, tendrán otra oportunidad de ser aprobadas. El texto que salga del Pleno (con o sin enmiendas) pasará al Senado.

El Senado puede optar o bien por aprobar el texto sin enmiendas, lo que concluiría su tramitación, o bien enmendarlo o rechazarlo, lo que obligaría a la ley a volver al Congreso. Los tiempos, en este caso, son importantes, ya que la transposición de la directiva se encuentra fuera de plazo y tiene que estar en vigor antes de final de año para que aplique a este ejercicio fiscal.

¿Y si no se aprueba el paquete fiscal? En este momento, el acuerdo entre el Gobierno y sus socios para acordar un paquete fiscal parece bastante improbable, por lo que empiezan a sugerirse otras vías para sacarlo adelante, ya que es un compromiso con Bruselas y los recursos son necesarios tanto para corregir el déficit público como para afrontar nuevos gastos como los derivados de la DANA. Dado que la transposición de la directiva no puede retrasarse más, alguna voces señalan la conveniencia de retirar el paquete fiscal de esta ley, que continuaría su tramitación únicamente con el contenido relativo al impuesto complementario de las multinacionales.

El paquete fiscal podría retomarse posteriormente en una ley distinta o en el marco de la negociación de los presupuestos, lo que daría mayor margen a la negociación. Esto supondría que los gravámenes temporales sobre la banca y las energéticas decaerían a final de año, algo que, apuntan algunos socios, podría evitarse prorrogándolos un año más como tributos temporales vía decreto ley.

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