El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha asegurado respecto a las sanciones a cinco aerolíneas por prácticas abusivas que «ninguna compañía por grande y poderosa que sea está por encima de la ley». Este es el mensaje que desde el Ministerio de Bustinduy se ha lanzado tras la sanción por un importe de 179 millones de euros a cinco aerolíneas (Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea) por cobrar suplementos por el equipaje de mano o por reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes, entre otras prácticas.
«No puede haber modelos de negocio que estén basados en la vulneración de los derechos de los consumidores o en prácticas abusivas, y es obligación de este Ministerio velar por la defensa de los derechos de los consumidores. Es lo que estamos haciendo, es lo que hemos hecho al imponer estas sanciones y es lo que vamos a seguir haciendo en todas nuestras actuaciones», ha aseverado Bustinduy en la sede de su departamento. El responsable de Consumo ha destacado que su Ministerio se está limitando a aplicar la ley en defensa de los derechos de los consumidores.
«Es lo que estamos haciendo y es lo que vamos a seguir haciendo. Y por supuesto, las compañías tienen el derecho de recurrirlo ante las instancias judiciales; pero el Ministerio de Consumo defiende claramente su postura basada en la legalidad vigente», ha añadido. El ministro ha recordado que estas prácticas sancionadas las conocen «desgraciadamente millones de personas y que las asociaciones de consumidores vienen denunciando desde hace años; ya en 2014, la justicia europea estableció, por ejemplo, que las compañías aéreas están obligadas a transportar el equipaje de mano de manera gratuita». Las compañías aéreas tienen un plazo de 2 meses para poder presentar un recurso ante la sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. Una vez transcurrido este plazo, si las compañías no han presentado un recurso ante la justicia, la orden será efectiva.
Al mismo tiempo la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aplaude la sanción de 179 millones que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha puesto a cinco aerolíneas por prácticas abusivas y pide medidas cautelares, en caso de recurso, para que cesen de estas prácticas mientras se resuelva. La OCU recuerda que ha denunciado de forma reiterada estas prácticas de las aerolíneas por constituir un claro abuso contra los consumidores y ser contrarias a la normativa, tanto española como la comunitaria; e insta a las compañías sancionadas a que cesen en la imposición de estas practicas abusivas contra los consumidores, según apunta en un comunicado.
Además, ha pedido al Ministerio que, en caso de recurso ante la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, solicite la adopción de medidas cautelares para que estas aerolíneas dejen de cobrar de manera provisional por el equipaje de mano y por el resto de practicas abusivas, frenando así el perjuicio causado por este «fraude masivo».
Asimismo, está valorando el inicio de todas las acciones legales a su alcance para evitar que sigan perjudicando a los usuarios del transporte aéreo. En este sentido, indica que la falta de transposición de la directiva de acciones colectivas dificulta que se puedan ejercer en España acciones transfronterizas. OCU ha trasladado estas actuaciones a sus socios europeos de Euroconsumers y BEUC para que sirvan de precedente a la hora de iniciar acciones legales contra estas compañías en sus respectivos países.