El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes que el ejecutivo central convocará el próximo mes de enero un Consejo de Política Fiscal y Financiera para impulsar la asunción por el Estado de parte del endeudamiento de las comunidades de régimen común (todas salvo País Vasco y Navarra).
El de la financiación era uno de los temas de especial interés señalados por la presidenta de Baleares, Marga Prohens, en las horas precedentes al encuentro entre mandatarios en la capital cántabra. La líder del Govern balear también está interesada en conversar sobre vivienda, y pedirá al Gobierno central que disponga suelo y recursos para conseguir más vivienda pública o a precios asequibles.
En materia de financiación autonómica, la líder del Ejecutivo autonómico volverá a rechazar los acuerdos bilaterales que rompen la caja común y defenderá la multilateralidad en las negociaciones de la financiación para seguir reivindicando el criterio de ordinalidad, el hecho insular, el aumento poblacional, la población flotante y la autonomía fiscal. En cuestiones de sanidad, entre otros, reclamará que se garantice la prestación sanitaria a los funcionarios beneficiarios de Muface.
En este sentido el Gobierno ha informado de que Sánchez ha hecho el anuncio en la Conferencia de Presidentes reunida hoy en Santander, en la que se aborda la financiación autonómica junto a los problemas de acceso a la vivienda, la migración y la escasez de profesionales sanitarios. En materia de financiación, Sánchez ha planteado también a los presidentes autonómicos acordar entre todos un nuevo modelo que concilie la multilateralidad y la bilateralidad, blinde la solidaridad entre territorios y garantice que todas las comunidades reciban más recursos que en la actualidad.
Sánchez ha pedido además a los líderes autonómicos que reprogramen una parte de los fondos europeos de cohesión FEDER y Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para dar una línea adicional de ayuda a los territorios afectados por la dana de finales de octubre. Como ha indicado el Gobierno, esta es una opción que ya contempla la normativa europea y que podría contribuir a reforzar las medidas ya adoptadas por el ejecutivo central y el de la Generalitat Valenciana para reconstruir y relanzar la economía de los territorios afectados.