El Congreso ha aprobado definitivamente este jueves la ley de eficiencia de la Justicia, tras conseguir levantar el veto del Senado con el apoyo de Podemos, que había amenazado con dejar caer la ley al incluir una enmienda que permitirá agilizar los desahucios en los casos de okupación.
La ley ha salido adelante con 177 votos a favor, 170 en contra y ninguna abstención, aunque durante el debate parlamentario, la diputada de Podemos Martina Velarde había dado a entender que se abstendrían en esta votación, lo que habría supuesto el rechazo de la norma impulsada por el Gobierno.
«Seguiremos trabajando siempre hasta el último momento para que nuestros votos nunca sirvan para recortar derechos ni para legitimar desahucios», dijo Velarde, a lo que la secretaria general de Podemos Belarra añadió en pasillos que el problema es que el error que cometieron ERC y Bildu al permitir que esa enmienda entrase en el proyecto «no lo pueden pagar las personas vulnerables», sino que lo tienen que arreglar los grupos que se equivocaron.
Pero finalmente los cuatro diputados de la formación morada han votado a favor de levantar el veto a este proyecto de ley que impuso el Senado con la mayoría absoluta del PP, con lo que la norma ha salido adelante. Durante el debate, el diputado del PSOE Francisco Aranda ha criticado duramente el veto del PP en el Senado y ha emplazado a los grupos a elegir entre «el debate del Congreso y la mordaza de la mayoría del PP en el Senado».
«El PP, que tanto se llena la boca de separación de poderes, de partido de Estado, de democracia, aplica la ley del veto en aquellas leyes que no les gustan y todo por no ejercer su papel leal de oposición», ha denunciado Aranda, que cree que con esta decisión el PP «renuncia a la política para trabajar solo por el poder». Le ha contestado la diputada del PP María Jesús Moro, que ha calificado de «tramposo» el argumento del Gobierno de que la norma es «esencial» para la transformación de la Justicia con la creación de «oficinas modernas» o para la puesta en marcha de medidas para agilizar procedimientos.
Y ha empleado una metáfora, la de un vecino al que le piden su firma inmediata si quiere que su comunidad obtenga una cuantiosa suma de dinero, pero solo puede leer la primera hoja del contrato y no las 200 páginas siguientes, «la letra pequeña». «Por muy beneficioso que sea un artículo no justifica sacrificar líneas irreparables y un nuevo asalto a la estructura de la Justicia», ha enfatizado Moro, antes de dejar claro que su partido dice 'no' a la ley porque no puede dar un voto por separado al articulado y porque, como el ciudadano de la metáfora que no firma el contrato, sabe también que «no se regalan duros a pesetas».
Desde EH Bildu, su portavoz Jon Iñarritu ha vuelto a admitir el error de votar junto con ERC a la enmienda del PNV. «Pedimos disculpas porque nos confundimos», ha lamentado el diputado abertzale, que ha avanzado que ya están trabajando con el Gobierno y otros socios de investidura para «revertir» y corregir esa enmienda en una proposición legislativa, porque la «prioridad» ha dicho, es proteger a quien estén en una situación de crisis habitacional.
Iñarritu ha sido claro con la postura de su formación a votar en contra del veto y avalar la reforma que, si bien es «compleja» y ha contado con una negociación «acelerada», avanza en muchas cuestiones que necesitan una respuesta «rápida y urgente». Por su parte, Pilar Vallugera (ERC) ha afirmado que su grupo se ha distinguido siempre por la defensa de los más vulnerables frente a los desahucios y ha reprochado a Podemos que podrían haber parado la votación una vez se dieron cuenta de que ERC y Bildu se habían equivocado.
«Lo habríamos resuelto y no haría falta que estuviéramos planteándonos votar a favor de un veto» a una ley que contiene elementos que «han costado mucho y que es importante preservar», ha lamentado. Desde Sumar, Enrique Santiago ha reconocido que aún quedan cuestiones pendientes en la ley y ha pedido dejar sin efecto los «errores involuntarios» que han aprobado medidas procesales que pretenden acelerar lanzamientos en algunos supuestos.
«Es un error no intencionado de algunos grupos que no puede impedir la aprobación de una ley que suprime los visados 'golden visa' de quiénes especulan con la vivienda, cumpliendo así la reivindicación del movimiento de defensa del derecho a la vivienda», ha advertido Santiago. Menos entusiasta con la norma se ha mostrado Junts, cuyo portavoz Josep Pagés ha considerado que se legisla una Justicia «demasiado corporativista» y «alejada de los ciudadanos», en tanto que no se afronta que el Poder Judicial esté «raptado» por asumir el rol de intervenir en la vida política. Desde Vox han mostrado su oposición a una ley que «satisface intereses particulares» y que está «repleta de consignas ideológicas» y de un lenguaje inclusivo que dificulta su entendimiento.