El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a una gran agencia inmobiliaria que opera en toda España, por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, como obligar a contratar un seguro. En un comunicado de prensa, el departamento que dirige Pablo Bustinduy explica que este procedimiento se enmarca en la investigación abierta el pasado mes de octubre, que sigue en marcha y podría afectar a otras inmobiliarias.
La Dirección General de Consumo ha requerido información a estas agencias tras recibir denuncias del Sindicato de Inquilinas-CECU, FACUA Consumidores en Acción y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). FACUA ha revelado que se trata de la inmobiliaria Alquiler Seguro.
Las denuncias se refieren a infracciones como pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, imponer la contratación de un seguro o la obligación de contratación de servicios no solicitados por el inquilino, todas ellas incluidas en la actual ley por el derecho a la vivienda, que prohíbe que los inquilinos se hagan cargo de los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato.
Aunque la apertura de un expediente sancionador no prejuzga el resultado final de la investigación, el Ministerio detalla en el comunicado de que las sanciones establecidas por los incumplimientos pueden ser graves o muy graves. En el caso de las graves, las sanciones pueden ascender hasta los 100.000 euros, aunque se puede sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.
En las infracciones muy graves, las sanciones pueden llegar hasta el millón de euros, y de la misma forma, esta cantidad se puede sobrepasar hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito.
No es la primera vez que este Ministerio pone el foco en la vivienda, ya que este nuevo procedimiento de sanción se une al expediente sancionador abierto en diciembre a una plataforma dedicada al alquiler de viviendas turísticas, y al del pasado mes de febrero a empresas que administran viviendas turísticas por anuncios engañosos.
Lo que se necesita es que si hay un inkiokupa se le pueda deshauciar a los tres meses de no pagar la renda. Que si hay un ocupa, la policía debería poder sacarlo a patadas y devolver el inmueble a su propietario. El precio del alquiler aumenta concorde a la desprotección del arrendador y su aversion de volver a perder dinero al alquilar una vivienda. Mientras P. Sanchez prorroga la protección a los morosos, la bolsa de alquiler baja y los precios suben. Disfruten lo votado.