El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha pedido al Gobierno el indulto parcial de la pena de cuatro años y medio de cárcel impuesta a la expresidenta del Parlament catalán Laura Borràs por los contratos a dedo en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) y ha suspendido su ingreso en prisión.
Tal y como ya apuntó en su sentencia, la Sala Civil y Penal del TSJC ha acordado elevar al Gobierno una propuesta de indulto parcial de la pena de Borràs, de un máximo de dos años y medio de cárcel, lo que permitiría a la expresidenta de Junts eludir la prisión. Mientras el Gobierno resuelve la petición de indulto, la sala ha suspendido la ejecución de la condena de prisión de Borràs, aunque no los trece años de inhabilitación que se le impusieron, por lo que la expresidenta del Parlament de Cataluña no podrá ejercer ninguna actividad, empleo o cargo público.
Además, en el auto, la Sala Civil y Penal del TSJC pide también que se ejecute la multa de 36.000 euros que la sentencia impuso a Borràs. Tras esta resolución del TSJC, la expresidenta del Parlament ha sido citada el próximo 4 de abril ante el alto tribunal para ser apercibida de que no puede ejercer ninguna actividad, empleo o cargo público y para que abone esa multa que le impuso la justicia. Borràs fue condenada en marzo de 2023 por adjudicar contratos a dedo a un amigo por valor de 335.700 euros en la ILC, que dirigió entre los años 2013 y 2018, en una sentencia en la que el TSJC proponía al Gobierno su indulto parcial para librarla de entrar en prisión.
La sentencia del TSJC reconocía que la pena que correspondía a Borràs por el delito de falsedad documental, castigado con cuatro años y medio de cárcel como mínimo, era «desproporcionada y excesiva» para los hechos cometidos por la exdirigente de Junts, teniendo en cuenta que si fraccionó los contratos de la ILC fue para adjudicarlos de forma «arbitraria» a su amigo, no para obtener con ello un «lucro personal».
La semana pasada, Gonzalo Boye, abogado de Borràs, pidió al alto tribunal catalán que formalizara su petición de indulto y que suspendiera la ejecución de la condena mientras el Gobierno resuelve si le concede la medida de gracia, solicitud que ahora ha oficializado el TSJC en su auto, fechado el 27 de marzo. Además, la Fiscalía también avaló que se suspendiera su ingreso en prisión, mientras el Gobierno resuelve sobre la medida de gracia, y consideró que el indulto era «pertinente» por tratarse de una pena «excesiva».
Apercibida de que se mantiene la inhabilitación
En esta resolución judicial en la que el TSJC pide el indulto parcial para Borràs pero en la que sí mantiene la inhabilitación y la multa, el alto tribunal subraya que no consta que en este momento Borràs esté desempeñando ningún cargo público impedido en la pena, si bien recalca que será apercibida para que se abstenga de realizar actividad o empleo alguno en las administraciones en su citación del próximo 4 de abril.
Para su «efectividad oportuna», dice la sala, esta circunstancia deberá ser anotado en el Registro Central de Penados, para que su inhabilitación extienda sus efectos ante todas las administraciones públicas. El TSJC también ha suspendido el ingreso en la cárcel de los dos otros condenados en esta causa: Isaías H., el amigo de Borràs adjudicatario de los contratos, y Andreu P., quien se prestó a hacer facturas falsas para encubrir las irregularidades, que fueron condenados a penas de dos años y un año y dos meses de prisión, respectivamente.
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