La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, censura que «haya miles de pisos turísticos ilegales y que ayuntamientos y autonomías miren hacia otro lado» porque es «una situación de SOS» en la vivienda de alquiler. En una entrevista que publica este domingo el diario La Vanguardia, Rodríguez defiende la decisión del Gobierno de abordar el fenómeno de los pisos turísticos ilegales después de que el Banco de España haya asegurado que estos alquileres «se están comiendo el mercado residencial».
«Yo creo que estamos en una situación de SOS. La solución a los alojamientos turísticos en Madrid no puede ser llevarlos del centro a los barrios, o que no se puedan instalar en comunidades y sí en propiedades horizontales, porque los inversores comprarán bloques enteros y expulsarán a los vecinos», asegura.
Balance de la ley de vivienda
Cuando se cumplen dos años de la aprobación de la ley de vivienda, una de las principales apuestas del actual Gobierno, la ministra del ramo hace un balance positivo porque, subraya, está logrando elevar la licitación de vivienda pública y ha conseguido bajar los precios del alquiler en Cataluña hasta un 6 %.
«Cuando no existía la ley teníamos dificultades para ejercer plenamente nuestras competencias. Los primeros pronunciamientos del Tribunal Constitucional avalan que el Gobierno tiene que intervenir en las políticas públicas de vivienda para garantizar la igualdad de oportunidades y eso es un cambio de paradigma», afirma.
La ministra se muestra convencida de que el PP acabará por aplicar la restricción de precios en las comunidades en las que gobierna «cuando la evidencia se imponga». «A las comunidades autónomas que se están negando, por motivos meramente ideológicos y por poner zancadillas a este Gobierno, les pido que no se nieguen a aplicar una regulación que está siendo positiva».
Ante la derivación de la oferta de alquiler permanente hacia otro tipo como el temporal o el turístico para evitar la regulación, la ministra afirma que lo que ocurre «es muy grave».
«Lo que no es razonable es que haya miles de pisos turísticos ilegales y que ayuntamientos y autonomías miren hacia otro lado», sostiene, para defender a continuación el uso de medidas fiscales para perseguir «esos abusos» como es el impuesto a compradores extranjeros o el incremento del tipo de las socimis inmobiliarias. El nuevo impuesto a los extranjeros que se va a relacionar con el impuesto de transmisiones patrimoniales que recaudan las comunidades, de manera que «donde exista ese impuesto habrá deducción».
y mirar para otro lado ante la invasión masiva de inmigrantes ilegales y el aumento de la delincuencia ??????