El Plan Estatal anunciado por el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, para atajar la «crisis de corrupción» contiene 15 medidas que van desde una agencia especializada para perseguir estas prácticas hasta un mayor control a las finanzas de los partidos o la incautación de los bienes sustraídos por los corruptos.
Las medidas se articulan en cinco grandes ejes y están concretadas en un documento de 33 páginas al que Gobierno dará difusión en la página web oficial de Moncloa:
Prevención de riesgos y fortalecimiento de los controles frente a la corrupción
1 - Puesta en marcha de una Agencia de Integridad Pública que asumirá las funciones clave para la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas aglutinando y coordinando las competencias de varios organismos estatales que se ocupan de esta misión.
2 - Extensión de la metodología aplicada a la adjudicación de los Fondos Next Generation a toda la Administración.
3 - Introducción de aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) en la plataforma de contratación del sector público.
4 - Exigencia de sistemas para garantizar el cumplimiento de las medidas contra la corrupción por parte de las empresas que quieran contratar con las administraciones, y despliegue de pactos de integridad para determinados contratos públicos.
5 - Nueva Ley de Administración Abierta que reforzará la obligación de transparencia activa, con mecanismos de alerta temprana, así como actualización del Portal de Transparencia y controles patrimoniales aleatorios y anuales para altos cargos durante todo su mandato.
6 - Refuerzo de los controles sobre los partidos políticos, que incluye obligar a estas formaciones y sus fundaciones con financiación pública a 50.000 euros a someterse a auditorías externas e independientes. También, bajar el umbral de publicidad de donaciones a 2.500 euros y como máximo en un mes de su recepción. Y aprobación de la Ley de Grupos de Interés, ya en trámite parlamentario.
Protección a los denunciantes de corrupción
7 - Incluir en la Ley de Enjuiciamiento Criminal medidas para garantizar la confidencialidad, protección y apoyo legal a las personas que acudan a las autoridades a denunciar actos de corrupción. Y exigir a las empresas canales internos de denuncia y a las administraciones su integración en un sistema de integridad institucional.
Refuerzo de la capacidad del Estado para investigar, juzgar y sancionar la corrupción
8 - Creación de secciones especializadas en delitos contra la Administración Pública dentro de los nuevos tribunales de instancia, con jueces especializados, para agilizar los procesos judiciales y aumentar su eficacia. Igualmente, otorgar carácter preferente con un procedimiento sumario a las causas con cargos públicos implicados.
9 - Avanzar en el refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción con más medios y remisión al Parlamento de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal con una reforma estructural del modelo de instrucción penal, para que sea la Fiscalía la que ejerza esta competencia.
10 - Endurecimiento de las penas por delitos contra la Administración Pública, duplicación de los plazos de prescripción y aumento de las multas a empresas corruptoras.
11 - También, un sistema de exclusión y «listas negras» para que no puedan seguir contratando con la Administración
12 - Endurecimiento de las sanciones a los partidos por infracciones contables y retirada de subvenciones a quienes mantengan en sus listas y estructura a condenados por corrupción.
Recuperación de los bienes robados mediante la corrupción
13 - Aumento de medios y plantilla de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, encargada de localizar y administrar los bienes obtenidos ilícitamente, optimizando su coordinación con juzgados, fiscalías y también Fiscalía Europea.
14 -Introducción de la figura del decomiso administrativo o preventivo, que permitirá incautar bienes vinculados a actividades delictivas, sin necesidad de condena penal, evitando que los responsables oculten o dispongan del dinero robado antes de que llegue la justicia.
Generación de una verdadera cultura de integridad
15 - Realización de estudios demoscópicos anuales sobre la percepción y experiencia directa de la corrupción en España, a cargo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), junto al lanzamiento de campañas de concienciación ciudadana y refuerzo de la formación de los empleados públicos en integridad y prevención.
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