Los letrados del Congreso han pedido a la Mesa de la Cámara una mayor concreción en el régimen sancionador previsto en la propuesta de reforma del reglamento a los periodistas que perturben gravemente el ejercicio del derecho a la información por parte de otros compañeros.
Se trata de algunas de las «observaciones» que han hecho los letrados a la propuesta de reforma que se verá el jueves en la Comisión del Reglamento con la intención de que pueda aprobarse en el pleno extraordinario del 22 de julio.
Plantea regular el procedimiento para conceder y renovar acreditaciones a los medios de comunicación bajo criterios como el respeto al «derecho a la información veraz y el buen funcionamiento de la cámara» tras varios episodios de «intimidación» y «faltas de respeto» por parte de personas acreditadas en el Congreso, según denunció la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).
Ante esta propuesta de reforma, que promueven los partidos de la coalición de Gobierno y la inmensa mayoría de los socios de investidura, los letrados avisan de que ninguna regulación podrá afectar al contenido esencial del derecho a la libertad de información ni suponer una vulneración de los estándares fijados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ni del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Señalan además que el cumplimiento del principio de proporcionalidad requiere «de una aplicación restrictiva» del régimen sancionador y, por tanto, pide a la Cámara que concrete los comportamientos que son o no admisibles en el Congreso «para aportar una mayor seguridad jurídica».
En este contexto, advierten de que no puede ser que un procedimiento sancionador acabe ocasionando un impacto negativo en la libertad de prensa, «un valor imprescindible en cualquier Estado democrático»
Otro de los aspectos en los que ponen el foco los letrados es que las instrucciones de los jefes de prensa de los grupos parlamentarios deben limitarse a ordenar el funcionamiento de las ruedas de prensa, subrayando que no podrán tratar de condicionar «de ninguna forma» la conducta de los periodistas acreditados.
Igualmente recalcan que la prueba en el procedimiento sancionador no puede proceder únicamente de personas que no son funcionarios públicos.
Por tanto, en caso de producirse un incidente en una rueda de prensa o en otras situaciones dentro del recinto parlamentario, la simple denuncia por el personal del grupo político no puede ser una prueba suficiente para justificar una sanción sino que habrá que aportar otros medios probatorios como, por ejemplo, grabaciones de vídeo. También recomienda introducir en la reforma -que rechazan PP y Vox por considerarla una forma de censura- un régimen de prescripción en las sanciones de manera que las muy graves prescriban a los seis meses, las graves a los tres y las leves al mes.
Todo esto viene porque la portavocía de Patxi López le viene muuuuy grande y necesita continuamente capotes de prensa amable con el régimen para minimizar el ridículo. A poco que le hacen una pregunta incisa con educación se descompone.