a Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han decidido adelantar al 3 de octubre la convocatoria de huelga nacional que tenían prevista para el día 10 del mismo mes, con el objetivo de mostrar su oposición al borrador de Estatuto Marco y reclamar un texto propio para la profesión médica.
Así lo han anunciado después de conocer la última versión del Estatuto Marco, que el Ministerio de Sanidad presentó el pasado viernes a los sindicatos del Ámbito de Negociación y al Comité de Huelga de CESM y SMA. Para los dos sindicatos médicos, el nuevo borrador elimina algunos elementos «inaceptables del anterior» e introduce ciertos avances, pero estos son «limitados y puramente cosméticos», de forma que no tienen trascendencia práctica y «mantienen situaciones de maltrato y discriminación» hacia los facultativos.
Por ello, han presentado un plan de acción con medidas de presión que tienen intención de adoptar durante los próximos meses. En este contexto, han llamado al conjunto de la profesión médica a sumarse a las acciones emprendidas y manifestar su rechazo al anteproyecto de Ley de Estatuto Marco. Una de las principales decisiones dentro de esta batería es la de adelantar la jornada de huelga al 3 de octubre. Según han detallado, el objetivo con ello es realizar esta convocatoria en una fecha más cercana y lograr el mayor seguimiento posible.
Además, dejan abierta la posibilidad de extender el paro a otros días e incluso plantearlo como indefinido. En paralelo a la huelga, los médicos han anunciado la convocatoria de una nueva manifestación en Madrid que podría coincidir con la primera jornada de paros. Aun así, han puntualizado que la fecha definitiva está pendiente de cierre. A nivel autonómico, los distintos sindicatos confederados también emprenderán sus propias acciones, bien en forma de concentración, manifestación u otro, según la idoneidad en cada comunidad.
Lo que tendrían que hacer es cumplir su horario y su jornada de trabajo, como el resto del personal, para lo que reciben unas muy sustanciosas retribuciones, que por todos los conceptos pueden llegar en algunas ocasiones a los seis digitos anuales. Además, deberia exigirseles la dedicación exclusiva a la sanidad pública. No parece lógico que se les permita trabajar "en la empresa rival", pues es obvio que cuanto peor funcione la sanidad pública más negocio tendrán los centros y la consultas privadas.