El tan esperado proyecto para reducir la jornada laboral en España ha encallado definitivamente. Este pasado Junts confirmó que mantendrá su enmienda a la totalidad contra la propuesta del Ministerio de Trabajo. Esta decisión, comunicada a última hora del día, supone un golpe definitivo para una de las medidas estrella de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que pretendía establecer la jornada semanal en 37,5 horas, alejándose de las 40 horas actuales.
Con esta postura de los independentistas catalanes, que se suma a los votos en contra ya anunciados por PP y Vox, el proyecto de ley será devuelto al Gobierno sin posibilidad de continuar su tramitación parlamentaria en la sesión prevista para este miércoles. El fracaso de esta iniciativa supone un importante revés para el ejecutivo de coalición, que había situado la reducción de jornada como uno de sus objetivos prioritarios en materia laboral para 2025.
Desde el Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, han mostrado su frustración ante este desenlace, aunque mantienen que la medida «está ganada en la calle», a pesar de no haber superado el trámite parlamentario. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha calificado lo sucedido como «una alianza contranatural de derechas contra los derechos de las personas trabajadoras», asegurando que se había trabajado con flexibilidad y disposición al diálogo durante toda la tramitación.
Los motivos
El vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, ha explicado que la formación catalana que lidera Carles Puigdemont considera que existe un riesgo real de pérdida de empleos con la propuesta de Yolanda Díaz. En múltiples ocasiones han mencionado el supuesto daño que la reforma infringiría al tejido productivo catalán, en gran medida formado por pequeñas y medianas empresas. «Queriendo reducir la jornada laboral, hay trabajadores que pueden pasar de 40 horas a 0 porque puede suponer el cierre de empresas en Cataluña», ha argumentado Rius, quien también ha criticado que se haya tenido que «negociar aceleradamente» por lo que considera un error de procedimiento cometido por Sumar en la junta de portavoces.
Según ha detallado el portavoz independentista, su formación no ha recibido «ninguna propuesta» que incluya una mejora de los salarios y que no ponga en riesgo la viabilidad futura de las empresas, especialmente aquellas pequeñas y medianas y que, según Junts, serían las más perjudicadas por esta medida.
A pesar de los intensos esfuerzos negociadores de última hora, incluyendo conversaciones directas entre la vicepresidenta Díaz y Carles Puigdemont, no se ha logrado alcanzar un punto de encuentro que permitiera salvar la tramitación del proyecto. Estas negociaciones se han intensificado en las últimas 48 horas, pero han resultado infructuosas ante la firmeza de la posición de Junts.
La propuesta de reducción de jornada formaba parte de un paquete más amplio de reformas laborales impulsadas por el Ministerio de Trabajo desde 2023. España es uno de los países europeos con jornadas laborales más extensas, situándose por encima de la media comunitaria. Por contra los índices de productividad del Estado no se encuentran entre las primeras posiciones del ámbito comunitario. El objetivo del proyecto, en este sentido, era alinear progresivamente la jornada española con los estándares de otros países europeos, donde se trabajan menos horas semanales.
El texto contemplaba una reducción gradual que establecería primero un máximo de 38,5 horas semanales para 2025, para llegar a las 37,5 horas en 2026. Esta implementación por fases buscaba minimizar el impacto económico sobre las empresas, dándoles tiempo para adaptarse a la nueva realidad laboral sin comprometer su competitividad.
Adicionalmente, la propuesta incluía medidas para garantizar que la reducción de jornada no implicara una disminución salarial, así como mecanismos de flexibilidad para sectores específicos. Sin embargo, estos elementos no han sido suficientes para convencer a formaciones como Junts, que han priorizado lo que consideran la protección del tejido empresarial frente a la mejora de condiciones laborales.
La noticia ha generado reacciones encontradas entre los diferentes actores sociales. Los sindicatos mayoritarios han expresado su profunda decepción, calificando el fracaso del proyecto como «una oportunidad histórica perdida para modernizar las relaciones laborales» en España. UGT y CCOO han anunciado que intensificarán la presión para que esta medida pueda retomarse en próximas iniciativas legislativas.
Por su parte, las organizaciones empresariales han recibido con alivio la noticia, especialmente organizaciones de PYMES y autónomos, que habían manifestado su preocupación por el impacto económico de la medida. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha reiterado que cualquier reducción de jornada debe ser fruto del diálogo social y la negociación colectiva, no de una imposición legislativa.
En el plano político, este revés supone un importante desgaste para Sumar y especialmente para Yolanda Díaz, quien había convertido la reducción de jornada en una de sus banderas políticas. Las formaciones de izquierda ya han anunciado que buscarán vías alternativas para recuperar la iniciativa, posiblemente a través de nuevas proposiciones de ley o mediante acuerdos en el marco del diálogo social.
El fracaso de esta medida también evidencia la fragilidad de las mayorías parlamentarias del actual Gobierno, que depende de acuerdos puntuales con formaciones como Junts para sacar adelante sus iniciativas legislativas. A pesar de que una mayoría de la cámara baja apoyó la investidura de Pedro Sánchez como presidente, son varias ya las ocasiones en las cuales los independentistas de Junts alinean su voto con 'populares' y ultraderecha, haciendo que las iniciativas impulsadas por el ejecutivo de coalición progresista se frustren en distintos puntos de la tramitación parlamentaria.
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