El gobierno de Ayuso exige la dimisión de la ministra por las pulseras antimaltrato

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha exigido la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por los fallos en las pulseras antimaltrato y ha reclamado datos oficiales de cuántas mujeres y procesos judiciales «se han visto afectados» en la región.

Así lo ha expresado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, en una carta remitida al Ministerio, a la que ha tenido acceso Europa Press, donde ha solicitado conocer «cuántos maltratadores se han beneficiado de este fallo desde el 20 de marzo de 2024, con especial referencia a la Comunidad de Madrid».

Dávila ha mostrado su «máxima preocupación» después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) alertara en su Memoria de 2024 de absoluciones de acusados por «múltiples fallos» detectados en estos dispositivos telemáticos. Ha alertado de que esta «deficiente» gestión «ha puesto en riesgo la vida y la seguridad de mujeres, y de sus hijos, en toda España».

«Cada día que pasa sin respuestas seguimos sumando riesgo, inseguridad e incertidumbre en la vida de las mujeres. Debe aclarar con detalle y transparencia, cada paso dado para la adquisición de los terminales y la gestión del servicio, así como el proceso en la migración de datos entre las empresas que han gestionado el sistema y que ha puesto en jaque la garantía de los procedimientos judiciales», ha subrayado.

Asimismo, ha aseverado que Redondo debe explicar «por qué su Ministerio no actuó pese a las advertencias recibidas» y ha exigido que «garantice» si a día de hoy «las víctimas están seguras y el sistema libre de fisuras».

Decisiones "irresponsables"

Para la consejera madrileña, lo que ha ocurrido «no es un fallo técnico aislado», sino que forma parte de «una larga cadena de decisiones irresponsables desde el Ministerio de Igualdad, que evidencia, una vez más, que el Gobierno de Pedro Sánchez es el que más daño ha causado a las mujeres en democracia».

Asimismo, ha censurado que el Ejecutivo central haya tratado de «ocultarlo y minimizarlo, pese a las advertencias reiteradas de las víctimas, del Observatorio del CGPJ, de distintas fiscalías provinciales y de profesionales del propio sistema».

Dávila ha aseverado que esta situación «solo puede considerarse como una negligencia premeditada, consciente y encubierta, absolutamente impropia de una democracia avanzada y más propia de un gobierno que abandona a las víctimas». Ha asegurado que el Gobierno de España «ha traicionado su deber más elemental», que es «protegerlas».

Por ello, ha pedido la dimisión de Redondo tras «el dolor, la desprotección y el desamparo, especialmente entre las más vulnerables». «Las mujeres no pueden ver peligrar su vida por la incompetencia de su Gobierno», ha insistido.