El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles la Ley de Movilidad Sostenible, con 174 votos a favor, 170 en contra y la abstención de los cuatro diputados de Podemos, que en el último momento han cerrado un acuerdo con el Ministerio de Transportes que ha permitido que el proyecto saliera adelante. A cambio de la abstención de Podemos, el ministerio que dirige Óscar Puente se ha comprometido públicamente a que la ejecución material de la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat no empezará antes de 2031.
Según Podemos, esto supone que el Gobierno atiende su demanda de «aplazar» la ampliación del Prat y «recoge expresamente que la ampliación de El Prat no se incluirá en el DORA III», el documento regulatorio que planifica las infraestructuras aeroportuarias para el periodo 2026-2031. En cambio, Óscar Puente ha asegurado que el acuerdo «no supone ninguna variación en los plazos previstos en el DORA III» y que el pacto con Podemos para lo que sirve es para «reforzar los requisitos medioambientales y que el plan director del aeropuerto cuente con todos los avales y requerimientos que determina el paquete europeo 'Fitfor55' (que contempla una reducción de emisiones del 55 % para 2030)». En los pasillos del Congreso, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha considerado el comunicado del ministerio una «noticia sin precedentes» y ha manifestado su satisfacción por «haber demostrado una vez más que pelear sirve». En cuanto a la segunda de sus exigencias, parar la ampliación del puerto de Valencia, ha dicho que no lo han conseguido y por ello se han abstenido y no votado a favor.
En juego 10.000 millones de fondos europeos
La aprobación de la Ley de Movilidad sostenible, considerada imprescindible para modernizar la movilidad y luchar contra el cambio climático, es un compromiso con la Comisión Europea del que depende la llegada a España de 10.000 millones de euros de fondos europeos. Sus principales objetivos son descarbonizar el transporte, digitalizar el sector, reconocer la movilidad como derecho ciudadano y aumentar la eficiencia del gasto público.
Para ello crea un nuevo sistema de cogobernanza, obliga a las empresas de más de 200 trabajadores a tener planes de movilidad sostenible, impulsa la electrificación de trenes y también de puertos y aeropuertos, la supresión de vuelos cortos, la recuperación de trenes nocturnos, la reordenación de las rutas de transporte público por carretera y un mecanismo de financiación estable para el transporte público urbano. También apuesta por sustituir el transporte de mercancías por carretera por el ferroviario, insta a la Dirección General de Tráfico a modificar las etiquetas ambientales y prevé el despliegue de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos.