El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha anunciado este lunes que los servicios jurídicos del partido van a acudir al juzgado de guardia para solicitar que se registre la sede federal del PSOE en la madrileña calle Ferraz, así como los domicilios de los cargos del partido que hayan tenido acceso a las cuentas de la organización para evitar que destruyan pruebas.
Fúster ha anunciado en rueda de prensa que Vox ha tomado esta decisión después de leer en un digital que el exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón se habría llevado una copia de la contabilidad del partido, que incluye los pagos en metálico al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a otros miembros del PSOE. En Vox consideran que esta información pone de manifiesto que existe un «riesgo evidente de destrucción de pruebas» y, por eso se van a dirigir al juzgado de guardia para que, como medida cautelar, se proceda a registrar la sede socialista.
«También vamos a pedir una orden de entrada y registro en los domicilios particulares de todos aquellos cargos del PSOE que puedan haber tenido acceso a esa contabilidad», ha añadido el portavoz tras la reunión de Comité de Acción Política. Asimismo, ha avanzado que la supuesta financiación ilegal del PSOE será uno de los temas sobre los que su representante en la comisión de investigación del Congreso sobre el 'caso Koldo', Ángel Pelayo, interrogará el próximo jueves a Sánchez durante su comparecencia en este órgano.
Este mismo lunes la defensa del exasesor ministerial Koldo García ha pedido al Tribunal Supremo que reclame a la Dirección General de la Guardia Civil los nombres de los agentes que consultaron bases de datos policiales para recabar información sobre él, con la intención de esclarecer si un miembro de la Benemérita le investigó en 2021 en el 'caso Gaslow', antes de que trascendiera el 'caso Koldo' en 2024. Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha presentado ante el magistrado Leopoldo Puente, en el marco de la causa en la que le investiga por su presunta participación en una trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas junto al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
La defensa plantea esta petición a raíz de unas conversaciones intervenidas en otro procedimiento que se investiga en el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, conocido como el 'caso Gaslow', relativo a un presunto fraude de hidrocarburos durante 2020 y 2021. En concreto, hace mención a los mensajes intercambiados en abril de 2021 entre el excargo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Juan Vicente Bonilla y un «confidente» sobre Koldo García. Sobre este extremo, el propio instructor de dicho procedimiento, el magistrado Santiago Pedraz, aseguró el pasado junio que dicha investigación «se ha desarrollado sin viso alguno de ilegalidad o manipulación por la UCO».
«Obviamente, si este magistrado instructor lo hubiera detectado se actuaría en consecuencia», manifestó al rechazar la nulidad de la causa. Ahora, la letrada Leticia de la Hoz explica al Supremo que con su petición pretende «acreditar si ha existido o no una investigación de carácter prospectivo» contra García, al tiempo que recuerda que «cualquier prueba obtenida a través de una investigación prospectiva podría ser declarada nula, al haber vulnerado derechos fundamentales».