Juicio histórico en el Tribunal Supremo: Un fiscal general del Estado se sienta este lunes en el banquillo

Álvaro García Ortiz se sentará desde este lunes en el banquillo de los acusados, convirtiéndose en el primer fiscal general del Estado en ser juzgado. Lo hará el Tribunal Supremo (TS) por hechos presuntamente cometidos en el ejercicio de su cargo —donde continúa— que consistirían en la filtración de un «email» que dejó al descubierto las negociaciones de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con Fiscalía para llegar a un acuerdo en el caso por fraude fiscal. Se enfrenta a hasta 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y un desembolso superior a 400.000 euros.

El detonante fue la publicación que hizo El Mundo a las 21.29 horas del 13 de marzo de 2024: «La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso». Esta pieza, según describió el magistrado instructor, Ángel Hurtado, desató un «frenético intercambio» de mensajes y llamadas en el seno de la Fiscalía pero también una intensa actividad en los medios de comunicación para verificarla.

García Ortiz se puso en contacto con la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, para que intentara recabar de Julián Salto, el fiscal del caso contra González Amador por delitos fiscales, la cadena de correos electrónicos que se hubiera intercambiado con Carlos Neira, el abogado del empresario en esa misma causa.

Hicieron falta varios intentos porque Salto estaba en el estadio Metropolitano, viendo el Atlético-Inter de Milán que se disputaba aquella noche. Finalmente, a las 21:59 horas, el fiscal general los recibió en su cuenta personal de Gmail, pero la cadena no estaba completa.

A las 22:10, en La Sexta, se publicó la primera información que reflejaba que fue la defensa de González Amador quien buscó el pacto con Fiscalía, sin ofrecer más detalles ni citar «email» alguno.

Poco después, a las 22:27, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, envió a un chat de periodistas el contenido de otro correo clave para la causa: el que Salto envió el 12 de marzo de 2024 al abogado del empresario para decirle que, aunque el caso por delitos fiscales ya estaba judicializado y, por tanto, ya no dependía de Fiscalía, eso no sería «obstáculo» para llegar a un acuerdo.

Sobre las 23:00, García Ortiz se dio cuenta de que no tenía la cadena completa porque le faltaba ese «email» del 12 de marzo. Y, tras nuevas gestiones, recibió ese correo a las 23:46.

Entretanto, la Cadena SER informó del «email» del 2 de febrero, el que contenía el ofrecimiento de confesión. Lo hizo primero a las 23:23 en antena, haciendo referencia al correo y su contenido. Ya a las 23:51, publicó en web la información avanzada, con extractos de ese mensaje electrónico.

Al día siguiente, también después de una sucesión de llamadas y mensajes, Fiscalía acabó publicando a las 10:22 horas un comunicado donde se daba detallada cuenta del intercambio de correos entre el fiscal y el abogado de González Amador.

Fue esa nota de prensa la que propició que el novio de Díaz Ayuso presentara el 21 de marzo de 2024 una querella en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por presunta revelación de secretos pero dirigida contra Pilar Rodríguez y Salto.

Paradójicamente, cuando el 16 de octubre de ese año el TS, a instancias del TSJM, encausó a García Ortiz por revelación de secretos, no lo hizo por ese comunicado, al considerar que no contenía «información indebidamente revelada» porque la misma ya había sido difundida por la prensa, situando ya el foco en la presunta filtración de los «emails».

Dos semanas después, el 30 de octubre, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpían de forma simultánea en los despachos de García Ortiz y de Pilar Rodríguez, para llevarse sus dispositivos electrónicos, en un registro inédito que duraría más de diez horas y del que saldrían las principales evidencias.

De los elementos incautados, la Benemérita concluyó que el mismo día que el TS abrió causa a García Ortiz éste borró hasta dos veces sus chats de WhatsApp y que, una semana después, cambió de móvil. En su declaración como imputado, el fiscal general achacó ambos comportamientos al protocolo de seguridad exigido para quien guarda datos «ultrasensibles».

Al final, sin «indicaciones de Presidencia»

Durante los ocho meses que duró la investigación, hubo tres imputados —Rodríguez, García Ortiz y su hombre de confianza, Diego Villafañe— y los hechos investigados fluctuaron desde el comunicado a la supuesta filtración del «email» del 2 de febrero o de la existencia de una investigación fiscal contra González Amador.

Hurtado solo empujó a juicio a García Ortiz y Rodríguez bajo el convencimiento de que él, con la necesaria ayuda de ella, filtró a la Cadena SER el «email» del 2 de febrero para ganar el «relato» a El Mundo.

Señaló como indicios la cronología de los hechos —por las horas en que García Ortiz recibió la información relevante y cuándo se comenzó a publicar en prensa— y el «borrado» que hizo el jefe del Ministerio Público tanto de sus WhatsApp como de su Gmail.

Además, sostuvo que García Ortiz actuó esa noche por «indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno». Hurtado también llegó a esta conclusión por la cronología, de la que infirió que, «paralelamente» a esos intensos contactos entre el denominado «equipo de Fortuny», «desde Fiscalía General del Estado» y «antes» de que se difundiera en prensa, se envió copia del «email» a la entonces asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera.

Sin embargo, la Sala de Apelación corrigió al magistrado porque tal afirmación «no ha sido acreditada con suficiencia», dejando fuera de la causa esas supuestas instrucciones del Gobierno. También exoneró a la fiscal al fijar que actuó movida por la obligación de informar a su superior sobre un asunto importante. En todo lo demás, avaló las tesis del instructor.

García Ortiz apunta al «aparato» de la CAM

En las antípodas, García Ortiz —defendido por la Abogacía del Estado— reivindica su inocencia. «Rotundamente no», dijo en su declaración como investigado cuando le preguntaron si había filtrado información a la prensa.

Por contra, argumenta que el «núcleo esencial» de la información relevante sobre González Amador había sido desvelado desde «el aparato institucional de la Comunidad de Madrid», recalcando que el empresario dio al jefe de gabinete de Díaz Ayuso luz verde para informar a la prensa del «email» de 12 de marzo.

Y subraya que más de 600 personas tuvieron acceso al otro correo, el del 2 de febrero, porque Neira lo mandó a una cuenta genérica de la Fiscalía, aparte de a un abogado del Estado. Y ello sin tener en cuenta al personal de Hacienda y los juzgados madrileños.

García Ortiz ha reivindicado que en todo momento actuó «en el legítimo ejercicio de sus competencias», «para evitar el perjuicio para la imagen y el prestigio de la Fiscalía y de los miembros del Ministerio Fiscal cuya honradez y profesionalidad se habían comprometido por una campaña de desinformación», por un «bulo».

Esas mismas razones le han llevado a mantenerse en el cargo hasta el punto de que este lunes se sentará en el banquillo como fiscal general, algo nunca visto que ha propiciado no pocas peticiones de dimisión dentro y fuera de Fiscalía.

Un tribunal de siete magistrados de mayoría conservadora —Andrés Martínez Arrieta como presidente y Susana Polo como ponente, junto a Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela y Ana Ferrer— le juzgará durante seis días con máxima expectación mediática (hay más de 200 periodistas acreditados) pero, a diferencia del juicio del 'procés', sin retransmisión en directo. La sentencia se espera hacia final de año.