Koldo García se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, ante el que estaba citado un día después de ingresar en prisión preventiva y sin fianza por la parte del caso Koldo que se investiga en el Tribunal Supremo. El que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, también encarcelado, ha llegado a los calabozos de la Audiencia Nacional a las 8:45 horas, conducido por la Guardia Civil desde la cárcel de Soto del Real, donde ha pasado su primera noche en prisión.
Según indican fuentes jurídicas a EFE, el exasesor ministerial ha optado por no declarar ante el magistrado, al que ha dicho que no tiene información para responder, tras ser citado a raíz del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos de compra de mascarillas y de test de antígenos o pruebas PCR en Canarias durante la pandemia. La abogada de Koldo García ha dicho que el exasesor tiene previsto hablar cuando le den la copia de sus teléfonos y los dispositivos que le fueron incautados, aún en poder del Juzgado Central de Instrucción número dos. Además, ha señalado que García está «tranquilo».
El exasesor estaba llamado a declarar por el juez de la AN desde semanas antes de la decisión del TS de enviarle a prisión que adoptó este jueves por el magistrado Leopoldo Puente, que también investiga el 'caso Koldo'. Puente tuvo en cuenta para ello los «consistentes indicios» y la elevada petición de penas que hacen las acusaciones contra Koldo y el exministro de Transportes: hasta 30 años de cárcel por presuntos delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho y uso de información privilegiada. También recordó que ambos están investigados en una pieza separada sobre presuntos amaños de obra pública, por la que «igualmente podrían derivarse graves responsabilidades penales» contra ellos. Y avanzó que el juicio se celebrará en «unos meses» y que si resultan condenados no lo serán a menos de 10 años de prisión.
Por su parte, el juez de la AN decidió el pasado 7 de noviembre llamar a Koldo y al presunto conseguidor Víctor de Aldama una vez recibido el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analiza los contratos adjudicados por el Gobierno de Canarias que presidía el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a la empresa Soluciones de Gestión, situada en el epicentro de la presunta trama.
LOS PAGOS DE ALDAMA
Los investigadores plasmaron en ese informe que Torres reclamó pagos para la trama de mascarillas por la «influencia» de Koldo y que se disculpó con el entonces asesor: «Estoy encima», «he dado el golpe preciso en la mesa».
Fue la Fiscalía Anticorrupción quien pidió a la Audiencia Nacional que llamara a Koldo y Aldama, especialmente después de que la UCO apuntara en su informe que los contratos de Canarias «constituirían parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Aldama venía pagando a Koldo, al menos desde octubre de 2019, en una suerte de nómina que le permitía la petición de favores».
El fiscal Luis Pastor entendió que ese pago «recurrente» permitía al empresario «tener acceso al propio ministro» de Transportes en aquellas fechas, recordando que el propio Aldama «reconoció» en su primera declaración --la del 21 de noviembre de 2024-- que «en varias ocasiones» observó cómo, en su presencia, el dinero que entregaba a Koldo, éste se lo repartía con Ábalos.
Al respecto, el fiscal consideraba que dicho «patrón» supondría que los pagos realizados por Aldama «no se ceñirían a actuaciones concretas, sino que responderían más bien al aseguramiento de su capacidad de influencia para la posterior consecución de un lucro económico personal».
Y recalcaba que «las actuaciones concretas solicitadas a Koldo por Aldama --o parte de su entorno-- se ceñirían a los pormenores derivados de la contratación de emergencia de material sanitario por la administración canaria, certificación del propio material» o «cobro» por parte de Soluciones de Gestión, vinculada al empresario.
INFLUENCIA PARA VALIDAR MASCARILLAS
Los investigadores también apuntaron que el entonces viceconsejero de la Presidencia del Gobierno canario, Antonio Olivera, garantizó la compra de mascarillas mientras desde dentro de la Administración canaria «aún se estaba dilucidando la viabilidad de la operación», expresando «dudas» por el precio y la calidad.
Según la UCO, Olivera contactó con Koldo para informar de que «solo quedaba cerrar la cantidad del envío». «Es posible que nos quedemos en esta ocasión dos millones de unidades o la cantidad máxima que quepa en un vuelo. ¿Te parece bien?», preguntó. Los agentes indicaron que Soluciones de Gestión «ya estaría suministrando mascarillas» a la Administración canaria «incluso antes de llevarse a cabo las adjudicaciones del contrato». Además, llamaron la atención sobre «el control» que Koldo tenía en esas operaciones, llegando a preguntar al viceconsejero «la cantidad de material que se pueden quedar». Y la UCO destacó que el exasesor aprovechó su condición para que diferentes organismos públicos validaran las mascarillas de Canarias, llegando a «implicar a los ministros de Transportes y Trabajo».
Ya se habra duchado?