La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) se han levantado de la reunión de este miércoles con el Ministerio de Sanidad, que ha lamentado que no se sumen al consenso con los sindicatos del ámbito de negociación del estatuto marco y apuesten por la confrontación.
Ambos sindicatos han abandonado la mesa sin emitir respuesta alguna a la propuesta formal que les presentó el Ministerio ni al preacuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales que integran el ámbito de negociación del estatuto marco (SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), según ha informado Sanidad en una nota de prensa.
Sanidad les reprocha especialmente que «hayan optado por mantener una estrategia de presión» y sigan exigiendo constituir una mesa de negociación específica y paralela a la del ámbito común, algo «incompatible con los principios del diálogo social y con la legalidad vigente», que impide la fragmentación de los procesos negociadores y la creación de estatutos propios por categoría profesional.
El departamento que dirige Mónica García insiste en que el nuevo texto elaborado a raíz del preacuerdo con las cinco organizaciones del ámbito incorpora todas las demandas e importantes avances como la mejora de los derechos laborales, organización del trabajo, conciliación, supresión progresiva de las guardias de 24 horas, movilidad con garantías y refuerzo del modelo público de gestión.
Sanidad ha vuelto a dejar claro que ni va a invadir competencias autonómicas, porque sería incompatible con el marco constitucional, ni a promover un estatuto propio por categorías, ya que rompería la cohesión del Sistema Nacional de Salud.
De esta forma, ha afeado a CESM y SMA que hayan decidido rechazar el preacuerdo alcanzado con el ámbito de negociación, que cuenta con el respaldo de la mayoría de las organizaciones sindicales representativas del conjunto de profesionales sanitarios, y ni siquiera hayan valorado su propuesta específica para el personal médico.
En esa propuesta que les trasladó el pasado 1 de diciembre, y sobre la que no se han pronunciado, Sanidad plantea un marco específico para la realización de la jornada de guardia, que deberá ser objeto de negociación en la mesa sectorial correspondiente, cuya implantación se realizará en cada centro mediante la programación funcional, dentro de los límites establecidos.
Según la oferta, a la que ha tenido acceso EFE, el acuerdo regulará los aspectos esenciales de esta jornada, incluyendo la organización de la prestación, los criterios de planificación y asignación, la retribución, los descansos, las posibles exenciones y el régimen de adscripción del personal.
Asimismo, establece que la organización de las guardias deberá incorporar criterios de flexibilización y conciliación, garantizando en todo caso el correcto funcionamiento de la actividad asistencial.
No obstante, promueve una evolución progresiva del modelo de organización del trabajo, «orientada a reducir la dependencia estructural de las guardias y a favorecer una planificación más racional de los recursos humanos, la protección de la salud laboral y la conciliación del personal».
De este modo, serán los servicios de salud los que deberán planificar la dotación de personal de los centros y unidades con el fin de garantizar la adecuada cobertura de la atención urgente y el cumplimiento de los límites de jornada y descansos establecidos, «asegurando en todo caso la plena prestación del servicio público esencial sanitario y el estricto respeto a dichos límites».
Además, «se podrá contemplar, en el marco de la negociación, la realización de guardias a solicitud del personal».
La retribución deberá ser «adecuada a la naturaleza, responsabilidad y penosidad del trabajo, manteniendo una relación proporcionada con la retribución de la jornada ordinaria».
Se garantiza que, en situaciones de incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo y la lactancia, «el personal perciba, desde el primer día, el 100 % de sus retribuciones ordinarias mediante el complemento retributivo correspondiente».
Del mismo modo, se refuerza la movilidad, que requerirá «con carácter general, el consentimiento» del interesado; sin él, quedará limitada «a supuestos excepcionales de necesidad asistencial urgente, debidamente justificados» por un máximo de siete días anuales.
Por último, reconoce «el derecho del personal a conocer, con al menos seis meses de antelación, la planificación y distribución de su jornada ordinaria y de guardia».