El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una regularización extraordinaria de extranjeros que permitirá a más de medio millón de personas obtener permisos de residencia y trabajo en España. La medida, acordada entre PSOE y Podemos, se materializará mediante un Real Decreto que no requerirá el paso previo por el Congreso de los Diputados.
Esta iniciativa surge de una propuesta legislativa popular avalada por más de 700.000 firmas ciudadanas, cuya toma en consideración parlamentaria fue respaldada de manera abrumadora con 310 votos a favor y únicamente 33 en contra. El procedimiento marca un hito en las políticas migratorias del país y representa la octava regularización extraordinaria en la historia democrática española. El plazo para presentar las solicitudes se extenderá desde principios de abril hasta el 30 de junio de 2026, ofreciendo un margen de casi tres meses para que los potenciales beneficiarios reúnan la documentación necesaria y formalicen sus peticiones ante las autoridades competentes.
Requisitos fundamentales para acceder a la regularización
Los criterios establecidos por el Ejecutivo son relativamente accesibles. Todas las personas que residieran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan acreditar al menos cinco meses de permanencia en territorio nacional podrán solicitar la regularización. Esta demostración puede realizarse mediante diversos documentos: certificado de empadronamiento, informes médicos, recibos de suministros como electricidad o certificados de envío de dinero.
Un requisito ineludible es la ausencia de antecedentes penales, tanto en España como en los países de origen o en aquellos donde los solicitantes hayan residido previamente. Esta condición busca garantizar la seguridad jurídica del proceso y su aceptación social. La ministra Elma Sáiz ha destacado que el procedimiento será ágil: desde la presentación de la solicitud habrá un plazo máximo de 15 días para la admisión a trámite. A partir de ese momento, los solicitantes podrán trabajar legalmente en cualquier sector y en cualquier punto del territorio español, lo que supone un cambio radical en su situación administrativa.
Suspensión automática de procedimientos de expulsión
Uno de los aspectos más relevantes del decreto es que en el momento de presentar la solicitud quedarán suspendidos todos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos que pesaran sobre la persona. Esta medida incluye también las expulsiones derivadas de trabajar sin los permisos correspondientes.
Cuando la solicitud sea admitida a trámite, se concederá una autorización de residencia provisional que habilita para trabajar de forma legal y acceder a derechos fundamentales como la asistencia sanitaria pública, la educación y otros servicios sociales básicos. Si la resolución final es favorable, se otorgará una autorización de residencia por un periodo inicial de un año. Transcurrido ese primer año, los beneficiarios podrán solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería vigente, lo que les permitirá integrarse plenamente en el sistema migratorio regular español y acceder a renovaciones sucesivas siguiendo los cauces habituales.
Diferencias entre regularización y nacionalización
Es fundamental aclarar que la regularización no equivale a obtener la nacionalidad española. Esta medida únicamente permite a las personas extranjeras trabajar y residir en España de forma legal, pero no les concede derechos políticos como el voto en elecciones generales, autonómicas o municipales ordinarias.
La nacionalidad se regula en el Código Civil español, mientras que los permisos y derechos de los extranjeros se establecen en la Ley de Extranjería y su reglamento de desarrollo. Para que las personas migrantes regularizadas puedan solicitar la nacionalidad española, deben haber residido entre dos y diez años de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición, dependiendo de su país de origen. Además, los aspirantes a la nacionalidad deberán superar dos exámenes en el Instituto Cervantes: uno sobre conocimientos del idioma español y otro sobre cultura constitucional y aspectos socioculturales de España. Estos requisitos garantizan un proceso de integración efectivo y conocimiento de la sociedad española.
Queda alguien que dude de que Sánchez quiere destruir España, y sobre todo Baleares???